Asociación de Bodegueros del Perú y gremios de microempresarios advierten que eventual incremento del ISC encarecería productos de consumo masivo e impulsaría el contrabando.
Si el Ejecutivo modifica el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por decreto y sin debate parlamentario, los precios de consumo masivo subirán y miles de bodegueros y microempresarios peruanos quedarán, una vez más, expuestos al cierre de sus negocios.
Así lo advierten la Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú, que exigen al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley 536, para que cualquier cambio al ISC pase obligatoriamente por el Parlamento.
Ejecutivo sube impuestos sin pasar por el Congreso
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, explicó que la modificación del ISC es una vía que el Ejecutivo usa para subir impuestos sin pasar por el Legislativo. «Cada vez que quieren incrementar impuestos, modifican el ISC, porque eso no tiene que pasar por el Congreso. Lo decide directamente el Ejecutivo, y debería ser el Congreso quien lo decida. Los tributaristas con quienes hemos hablado nos dicen que todo lo relacionado con impuestos tiene que verse ahí, porque somos todos los contribuyentes los que lo sufrimos», sostuvo.
El gremio, que representa a más de 535 mil bodegas en todo el país, cuestiona además que el MEF justifique estos incrementos apelando a razones de salud pública, las llamadas externalidades adversas, cuando los montos recaudados no se destinan a hospitales ni servicios de salud, sino al erario general y al financiamiento del aparato público. Por eso, insisten en que el PL 536 se apruebe en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.
Choy advirtió sobre el efecto en cadena que generaría un alza del ISC: «Al aumentarnos ese impuesto, suben los precios de los productos que más rotamos. Eso lleva a que el consumidor compre menos, el fisco recaude menos, y el espacio que se abre lo ocupa la economía informal. El contrabando crece porque el producto formal se encarece, y eso beneficia a los negocios informales que no pagan impuestos».
Julio Pardavé, vicepresidente de la asociación de Gremios Pymes-Perú, afirmó que el Perú cuenta con casi 2 millones 500 mil empresas, de las cuales el 95% son microempresas, y lo más importante es reducir la informalidad. «Si queremos combatir la informalidad, ¿por qué tenemos 8 millones de informales con tantos ministerios y empleados públicos?», cuestionó.
Para Pardavé, gravar más a quienes ya tributan agrava esa contradicción. «El microempresario peruano hoy está condenado al fracaso porque está siendo extorsionado. El Estado tiene que ser el soporte para hacerlo competitivo, no otro obstáculo», advirtió.
Julio Surco, presidente de PYME Perú, sostuvo que la ampliación del mecanismo de percepción del IGV golpea directamente el capital de trabajo de las MYPE. Explicó que cuando una MYPE paga ese tributo por adelantado, el dinero queda inmovilizado en manos de la SUNAT hasta que pueda declararse y compensarse, restando capital disponible para las operaciones diarias. Reconoció que el Estado necesita mayores ingresos, pero planteó que el camino correcto es ampliar la base tributaria incorporando a la economía informal, antes que incrementar la presión sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones.
Extorsiones e inseguridad: la otra batalla de las bodega
A la presión tributaria se suma una amenaza que los gremios califican de igual o mayor gravedad: la extorsión y la inseguridad ciudadana, que han convertido a las bodegas en blanco permanente de la delincuencia organizada.
Choy reveló que el 99% de sus asociados reconoció haber sido víctima de extorsión al menos una vez, y que el problema persiste pese a las denuncias ante la policía. «Tengo un socio al que tres veces lo siguen extorsionando. Hemos hablado con la policía y absolutamente nada», afirmó.
Advirtió que el miedo ha silenciado al gremio: muchos bodegueros evitan hablar públicamente o incluso salir a la calle por temor a represalias. «Existe gran temor. Muchos casi no quieren expresarse porque tienen miedo de que los sigan extorsionando o les incrementen el cupo. Hasta ahora no vemos ninguna solución por parte del gobierno. Nos invitan a reuniones, se solidarizan con nosotros, pero no hay ninguna medida efectiva que haya dado resultado en materia de seguridad», sentenció.
