La decisión del Tribunal Constitucional dejó sin efecto la condena que mantenía en prisión al expresidente peruano por el caso de lavado de activos. El fallo reabre el debate sobre los alcances de la justicia en los procesos vinculados al caso Odebrecht y genera diversas reacciones en el ámbito político y jurídico.
El expresidente del Perú, Ollanta Humala, recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional resolviera a su favor un recurso de hábeas corpus que anuló la sentencia de 15 años de prisión efectiva impuesta en 2025 por el delito de lavado de activos. La decisión ordenó su inmediata excarcelación y dispuso que el proceso regrese a una etapa anterior para que se emita un nuevo pronunciamiento respetando las garantías.
Humala había sido condenado junto con su esposa, Nadine Heredia, por el presunto ingreso de aportes ilícitos provenientes de la constructora Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Tras la sentencia, el exmandatario fue recluido en el penal de Barbadillo, mientras Heredia obtuvo asilo diplomático en Brasil.
La defensa del exjefe de Estado sostuvo desde el inicio que durante el proceso se vulneraron principios constitucionales y que la condena debía revisarse a la luz de recientes decisiones judiciales relacionadas con el denominado caso Cócteles. El Tribunal Constitucional acogió parte de esos argumentos, al considerar que existían aspectos procesales que debían someterse un nuevo análisis.
La resolución no implica una absolución definitiva ni el cierre del caso. El Ministerio Público mantiene las acusaciones y el expediente continuará su trámite en el Poder Judicial, donde deberá desarrollarse un nuevo proceso conforme a los criterios establecidos por el máximo intérprete de la Constitución. Finalmente, la liberación de Humala podría influir en otros procesos derivados del caso Lava Jato que no darían una sentencia final hasta reanalizar todas las pruebas ya obtenidas.
