El TC sostuvo que los procesos constitucionales deben resolverse con rapidez y sin formalismos excesivos. La decisión responde a un juez que cuestionó la ejecución de una sentencia que anuló la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre.
El Tribunal Constitucional (TC) respondió al juez que calificó como “inejecutable en sus propios términos” la sentencia emitida a favor de Vladimir Cerrón Rojas, al señalar que las resoluciones de hábeas corpus tienen carácter inmediato y deben ser cumplidas respetando su contenido integral. El máximo intérprete de la Constitución afirmó que este tipo de procesos se caracteriza por ser “antiformalista y de máxima celeridad”.
El pronunciamiento corresponde al expediente N.° 00117-2026-PHC/TC, relacionado con el recurso presentado por Cerrón contra decisiones judiciales que rechazaron modificar su prisión preventiva por una medida menos restrictiva. En julio de 2026, el TC declaró fundada la demanda al considerar que existió una vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, vinculado al derecho a la libertad personal.
La sentencia constitucional dejó sin efecto resoluciones que mantenían vigente la prisión preventiva y dispuso que el órgano judicial correspondiente emita nuevas decisiones considerando medidas alternativas que permitan asegurar la presencia del investigado en el proceso penal.
El conflicto surgió cuando el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional sostuvo que la decisión del TC no podía ejecutarse debido a la existencia de resoluciones posteriores dentro del proceso penal. Frente a ello, el Tribunal Constitucional indicó que su fallo tiene calidad de juzgada y que las autoridades judiciales están obligadas a acatarlo en sus propios términos.
Además, el TC decidió integrar su resolución y declarar nulos otros actos judiciales que consideró incompatibles con la sentencia constitucional, ordenando que el expediente sea remitido nuevamente al juez encargado de la ejecución del hábeas corpus.
La decisión ha generado debate entre especialistas en derecho constitucional y penal, debido al alcance de las sentencias del Tribunal Constitucional frente a los jueces ordinarios. El caso Cerrón vuelve así al centro de la discusión jurídica sobre los límites, efectos y cumplimiento de las resoluciones constitucionales en el sistema de justicia peruano.
