Tributos que no aparecen: 7 de cada 10 empresas sienten que pagan más de lo que reciben del Estado

Un estudio de ComexPerú e Ipsos revela que la mayoría de compañías considera que las fiscalizaciones de la Sunat son excesivas y poco predecibles, generando costos adicionales y afectando la confianza en la formalidad.

La relación entre las empresas peruanas y el Estado atraviesa un momento crítico. Según un estudio elaborado por Ipsos Perú para ComexPerú, el 69% de las compañías formales identifica a la Sunat como la entidad cuyos controles tienen el mayor impacto negativo en sus operaciones.

El informe, titulado “Tributos que no aparecen”, revela que 7 de cada 10 empresas sienten que pagan más impuestos de los beneficios que reciben del Estado. La percepción es más fuerte entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan altos costos de cumplimiento y frecuentes auditorías.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la falta de predictibilidad en las fiscalizaciones: el 88% de las pymes advierte cambios constantes en los criterios de los inspectores, mientras que el 40% considera que el enfoque es principalmente sancionador. Esta situación genera incertidumbre y actúa como una barrera para crecer dentro de la formalidad.

La encuesta, realizada entre enero y febrero de 2026 a 1,004 empresas formales de distintos tamaños, también muestra que el 77% de las pymes cree que sus aportes superan los beneficios recibidos, incluyendo servicios de salud, trámites administrativos y acceso a programas estatales. En las grandes empresas, el 82% señala las auditorías como su principal dificultad frente al aparato estatal.

Expertos advierten que esta percepción erosiona la confianza en el sistema tributario y desalienta la inversión. Patricia Rojas, directora sénior de Ipsos Perú, subrayó que “una fiscalización poco predecible encarece el cumplimiento y puede convertirse en una barrera adicional para la formalidad”.

El estudio plantea la necesidad de una “Nueva Formalidad”, con reglas claras, criterios uniformes y un enfoque que priorice la orientación al contribuyente antes que la sanción.

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