La Procuraduría General del Estado reportó una recaudación de S/ 497,3 millones hasta agosto de 2026 por reparaciones civiles. La senadora Katherine Ampuero cuestionó que estos resultados se atribuyan a la entidad y sostuvo que las procuradurías especializadas son las responsables de recuperar los recursos.
La Procuraduría General del Estado (PGE) registró una recaudación de S/ 497,3 millones por concepto de reparaciones civiles hasta agosto de 2026, de acuerdo con información correspondiente a la gestión de su titular, María Caruajulca. En medio de estos resultados, la senadora Katherine Ampuero, de Renovación Popular, cuestionó el funcionamiento de la institución y planteó que debería desaparecer.
Según informó el diario Expreso, la PGE proyecta cerrar el año 2026 con aproximadamente S/ 95,5 millones adicionales recaudados. La institución sostiene que sus acciones están orientadas a fortalecer la defensa jurídica del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de hechos ilícitos que perjudicaron al país.
Ampuero cuestiona el papel de la Procuraduría General
Durante un debate presupuestal en el Palacio Legislativo, Ampuero afirmó que la recaudación de reparaciones civiles no constituye necesariamente un logro atribuible a la Procuraduría General del Estado.
La senadora sostuvo que los resultados corresponden principalmente al trabajo de las procuradurías especializadas y ad hoc, que intervienen en procesos específicos para recuperar los recursos adeudados al Estado.
Asimismo, cuestionó los gastos que genera la entidad y recordó los cambios institucionales que modificaron la forma de actuación de los procuradores públicos durante gobiernos anteriores.
Sus declaraciones estuvieron dirigidas al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, en el marco de la discusión sobre el presupuesto y el desempeño de las instituciones encargadas de defender los intereses jurídicos del Estado.
La entidad busca fortalecer la recuperación de reparaciones civiles
La Procuraduría General del Estado tiene entre sus funciones coordinar y fortalecer la defensa jurídica estatal, mientras que las procuradurías públicas representan los intereses del Estado en procesos judiciales y otros procedimientos legales.
La recuperación de reparaciones civiles busca que las personas responsables de ocasionar daños al patrimonio público cumplan con las obligaciones económicas establecidas por las autoridades competentes.
De acuerdo con la información publicada por Expreso, la gestión de María Caruajulca continuará hasta octubre de 2028. Entre los objetivos institucionales figura mantener las acciones destinadas a exigir el pago de las reparaciones civiles y mejorar la capacidad de respuesta de las procuradurías.
Debate sobre eficiencia y gasto público
Las declaraciones de Ampuero abren un nuevo cuestionamiento sobre la estructura y el funcionamiento del sistema de defensa jurídica del Estado, así como sobre la distribución de responsabilidades entre la Procuraduría General y las procuradurías especializadas.
Mientras la institución destaca los montos recuperados, la senadora considera que estos resultados no justifican mantener la entidad en su configuración actual.
El debate plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público, la coordinación entre las dependencias estatales y los mecanismos para garantizar que las reparaciones civiles se conviertan efectivamente en recursos recuperados para el país.
