La Agencia Peruana de Cooperación Internacional ratificó una sanción administrativa contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) por obstaculizar una supervisión sobre recursos de cooperación internacional. La multa supera los S/ 34 mil y, según registros oficiales, continúa pendiente de pago.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) mantiene una deuda pendiente con el Estado peruano luego de que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) le impusiera una multa administrativa ascendente a S/ 34 055 por obstaculizar una labor de supervisión relacionada con recursos provenientes de la cooperación internacional. Según registros oficiales, la sanción permanece vigente y aún no ha sido cancelada.
El procedimiento administrativo se originó durante una supervisión iniciada por la APCI para verificar la ejecución de un proyecto financiado por la Open Society Foundation, que otorgó al IDL un presupuesto de US$ 1,35 millones. Como parte de ese proyecto, la organización debía transferir recursos a diversas instituciones aliadas para desarrollar actividades contempladas en el programa.
Entre las entidades beneficiarias figuró la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), que recibió una asignación de US$ 10 000. En ese contexto, la APCI programó reuniones para revisar el destino y la utilización de los recursos entregados, dentro de las acciones de fiscalización previstas por la normativa.
La reunión con COMISEDH fue reprogramada en varias oportunidades durante noviembre de 2024 debido a que no pudo concretarse dentro de los plazos establecidos. Según el expediente, el IDL informó que no obtenía respuesta de la entidad beneficiaria para coordinar el encuentro solicitado por la autoridad supervisora.
Ante los retrasos, la APCI inició en marzo de 2025 un procedimiento administrativo sancionador y concluyó que el IDL incurrió en una infracción grave al obstaculizar las labores de supervisión. Durante el proceso, la organización presentó sus descargos, pero la entidad mantuvo su evaluación y confirmó la sanción económica.
Posteriormente, el IDL interpuso un recurso de apelación para dejar sin efecto la multa. Sin embargo, la APCI declaró infundado el recurso y ratificó la sanción, ordenando ejecutar el cobro conforme a los procedimientos administrativos vigentes.
De acuerdo con la información difundida, el representante legal del IDL, Carlos Rivera, manifestó que la institución no pagará la multa. Mientras tanto, la deuda continúa registrada como pendiente dentro del Registro Único de Sanciones del Estado y la APCI mantiene la facultad de exigir su cancelación.
