El ministro de Justicia alertó sobre la crisis penitenciaria y planteó medidas como un mega penal, clasificación de internos y labores de inteligencia. La declaratoria de emergencia en cinco cárceles busca frenar el poder de las mafias que operan desde prisión.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, lanzó una dura advertencia: los penales del país se han convertido en “fábricas de criminales”. Según explicó, la mezcla de internos por delitos menores con reos de alta peligrosidad ha generado espacios donde las organizaciones criminales reclutan y expanden su poder.
Para enfrentar esta crisis, el Gobierno oficializó el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días en cinco establecimientos penitenciarios: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad). La medida busca reforzar el control externo con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, impedir el ingreso de celulares, armas y chips, y fortalecer la vigilancia perimetral.
Álvarez anunció además una reforma estructural del INPE, que contempla:
- Construcción de un mega penal para internos de alta peligrosidad.
- Separación efectiva de reos violentos de quienes cumplen condenas por delitos menores.
- Clasificación de internos según nivel de peligrosidad y tipo de delito.
- Fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria para identificar cómo operan las mafias dentro de las cárceles.
El ministro subrayó que las requisas tradicionales ya no son suficientes y que la prioridad será conocer las dinámicas internas de las organizaciones criminales. Asimismo, pidió facultades legislativas para impulsar cambios legales que respalden esta reforma y coordinar mejor con el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad organizada.
La iniciativa refleja la urgencia de recuperar el control de los penales y evitar que sigan siendo centros de expansión del crimen, un problema que impacta directamente en la seguridad ciudadana y la confianza en el sistema de justicia.
