El avance del crimen organizado se ha convertido en uno de los factores más determinantes —y más costosos— para la economía peruana. Las proyecciones para el 2026 apuntan a un escenario aún más complejo: redes criminales más violentas, con mayor presencia territorial y una capacidad creciente para infiltrarse en actividades productivas esenciales.
Entre el 2018 y el 2025, la expansión delictiva ha sido constante. Uno de los indicadores más alarmantes es el incremento de la extorsión, cuyos reportes aumentaron casi 800%, alcanzando 22.970 denuncias a octubre de 2025. A ello se suma la multiplicación por once de las incautaciones de dinamita en la última década, un signo de la mayor disponibilidad de explosivos en manos de organizaciones dedicadas al control de obras y servicios estratégicos.
UN RIESGO DIRECTO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
El ex viceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera, advierte que el país debe prepararse para la expansión de grupos transnacionales como Tren de Aragua, Los Lobos y Los Choneros, que ya operan en corredores logísticos y productivos de alto valor. Estas redes han logrado insertarse en sectores como construcción, comercio, minería, transporte y energía, donde emplean mecanismos violentos —desde el sicariato hasta el secuestro— para imponer cobros, paralizar obras o controlar intermediarios.
El impacto ya es tangible. En el sector construcción, al menos 250 asesinatos entre 2011 y 2025 evidencian la creciente vulnerabilidad de trabajadores y empresas. En el comercio minorista, el panorama también es crítico: el 83,9% de bodegueros identifica la inseguridad como su principal dificultad para operar, lo que se refleja en mayores costos, menor productividad y decisiones de cierre en zonas con alta actividad criminal.
UN COSTO NACIONAL QUE SEGUIRÁ AUMENTANDO
Según estimaciones del Banco Central, la inseguridad ya representa el 2.2% del PBI, una carga que recae tanto en el sector privado como en el Estado. Empresas de múltiples rubros enfrentan primas de seguros más elevadas, interrupciones constantes de operaciones y mayores gastos para proteger instalaciones, mientras que el Gobierno está obligado a aumentar el presupuesto en vigilancia, logística y programas de mitigación.
De mantenerse esta tendencia, el 2026 podría consolidarse como un año de presiones económicas más fuertes, con menor confianza empresarial y un retroceso en la competitividad del país.
Especialistas coinciden en que el próximo año será clave para adoptar modelos de gestión del riesgo delincuencial, capaces de anticipar amenazas por territorio y sector. Actividades como infraestructura, minería, transporte, logística y programas sociales necesitarán herramientas de evaluación más robustas para garantizar continuidad operativa en regiones donde el crimen organizado ya compite con el Estado por el control del territorio.
