La superintendencia presentó una acción de amparo para frenar medidas que, según sostiene, afectan su autonomía y el marco legal que regula su funcionamiento.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) llevó al Poder Judicial la controversia que mantiene con el Ministerio de Educación (Minedu), luego de cuestionar una serie de decisiones que, según afirmó, afectan su autonomía institucional y modifican las reglas establecidas para su funcionamiento.
El organismo presentó una demanda de acción de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional con el objetivo de dejar sin efecto medidas que considera contrarias a la normativa vigente. A través de un comunicado, la entidad señaló que existen “graves acciones” que pondrían en riesgo su institucionalidad y la continuidad de sus funciones de supervisión de la calidad educativa universitaria.
Disputa surge por cambios en el Consejo Directivo
La controversia se originó tras la publicación de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, mediante la cual el Ministerio de Educación dispuso la remoción de Vicente Espinoza Santillán como representante ministerial ante el Consejo Directivo de la Sunedu y ordenó la renovación de dicho órgano.
Según la superintendencia, estas decisiones “pretenden remover” al actual superintendente y designar nuevos integrantes del órgano directivo sin respetar los procedimientos establecidos en el marco legal vigente. Por ello, considera que las medidas afectan la estabilidad institucional y el desarrollo de sus funciones.
Organismo defiende su rol en la calidad universitaria
La Sunedu sostuvo que su creación respondió a la necesidad de garantizar que las universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad establecidas por la legislación peruana, descartando que su labor responda a intereses particulares vinculados a determinadas instituciones educativas.
Asimismo, remarcó que su trabajo está orientado a proteger los intereses de los estudiantes y sus familias, quienes son los principales beneficiarios de las políticas de supervisión y fiscalización del sistema universitario.
Caso queda ahora en manos del Poder Judicial
En medio del conflicto institucional, la Sunedu informó que recibió respaldo de representantes del ámbito académico, organizaciones educativas y asociaciones de universidades públicas y privadas, quienes expresaron su posición frente a las medidas cuestionadas.
La entidad señaló que continuará defendiendo los principios de autonomía e institucionalidad que considera fundamentales para su funcionamiento, mientras el Poder Judicial deberá determinar la legalidad de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación.
