La defensa legal de Boluarte ha negado cualquier responsabilidad directa.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo. La fiscal suprema Delia Espinoza ha intensificado las investigaciones en su contra por las muertes y heridos ocurridos durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Según fuentes del Ministerio Público, Espinoza estaría evaluando la imputación de varios delitos a la mandataria, entre ellos homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad, en el marco de su presunta responsabilidad en la represión de las manifestaciones. La investigación se enmarca dentro del caso denominado «ejecuciones extrajudiciales», el cual involucra también a altos mandos del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La defensa legal de Boluarte ha negado cualquier responsabilidad directa y ha reiterado que las decisiones adoptadas durante los disturbios buscaron restablecer el orden público. Sin embargo, las familias de las víctimas exigen justicia y el avance firme del proceso penal.
El país permanece atento al desarrollo de esta investigación, que podría marcar un precedente histórico en la rendición de cuentas por parte de una autoridad en funciones.
