El Ejecutivo impulsa reformas legales y un subsistema especializado para enfrentar la extorsión y el sicariato con penas y procedimientos similares a los aplicados al terrorismo. La medida busca frenar la violencia y proteger a sectores económicos golpeados por el crimen organizado.
La creciente ola de violencia en el país ha llevado al Gobierno a plantear medidas más drásticas contra el crimen organizado. Entre ellas, se propone que delitos como la extorsión y el sicariato sean tratados bajo el mismo marco legal que el terrorismo, con el objetivo de cerrar el paso a la impunidad y garantizar sanciones más severas.
El Decreto Legislativo N.° 1735 creó el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC), que atenderá con prioridad investigaciones y procesos penales relacionados con extorsión, sicariato, secuestro y homicidio calificado. Este subsistema articula a fiscales, jueces, policías y defensores públicos en un modelo interinstitucional que coloca a la víctima en el centro de la intervención estatal.
Asimismo, el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, reglamentado por el presidente José Jerí, fortalece la lucha contra estas mafias mediante acciones integrales: control financiero de pagos extorsivos, inteligencia policial con mapas delictivos, certificación de rutas seguras y despliegue de patrullaje focalizado. Estas medidas buscan proteger especialmente a los sectores de transporte público y de mercancías, duramente golpeados por organizaciones criminales.
El ministro del Interior, José Zapata, destacó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 cuenta con presupuesto asegurado y refuerza la capacidad operativa de la Policía Nacional. Se incorporaron mil patrulleros en Lima y Callao, además de 500 efectivos adicionales en la División de Investigación de Extorsiones. También se modernizó el laboratorio de criminalística con tecnología forense para analizar audios y videos vinculados a estos delitos.
La propuesta de tratar a extorsionadores y sicarios como terroristas refleja la urgencia de enfrentar una criminalidad que amenaza la seguridad ciudadana y la economía nacional. Sin embargo, especialistas advierten que la efectividad dependerá de la correcta implementación y del respeto a los derechos fundamentales en los procesos judiciales.
