Christian Aranda fue cuestionado luego de que se difundiera un documento relacionado con una paciente de Abancay. El legislador aseguró que su actuación respondió a labores de fiscalización.
El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, fue cuestionado luego de que en redes sociales se difundiera un documento relacionado con una ciudadana que habría solicitado una interrupción terapéutica del embarazo en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.
Según la información difundida, Aranda envió un oficio al establecimiento de salud para solicitar información y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y médicos relacionados con el procedimiento.
El caso generó críticas debido a que el documento inicialmente compartido habría permitido identificar a la paciente. Aunque el parlamentario eliminó posteriormente la publicación y negó haber difundido la identidad o datos personales de la mujer, periodistas y organizaciones cuestionaron la exposición de información vinculada con un procedimiento médico.
Diputado sostiene que actuó por fiscalización
Tras los cuestionamientos, Christian Aranda sostuvo que su intención no fue acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de la paciente. El legislador afirmó que recibió una denuncia en su despacho y que, a partir de ello, consideró necesario ejercer sus funciones de fiscalización.
Aranda señaló que su objetivo era verificar que cualquier procedimiento se realizara de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes. También afirmó que la fiscalización debe desarrollarse respetando la privacidad de las personas y las competencias de los profesionales de la salud.
El procedimiento solicitado
De acuerdo con el oficio difundido, la intervención estaba relacionada con una mujer con aproximadamente 20 semanas de gestación. El documento hacía referencia a las condiciones contempladas para la interrupción terapéutica del embarazo y a los requisitos establecidos para estos procedimientos médicos.
La normativa peruana contempla la interrupción terapéutica del embarazo en determinadas circunstancias vinculadas con el riesgo para la vida o la salud de la gestante, bajo los procedimientos y requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.
Cuestionamientos por la confidencialidad
El caso también abrió un debate sobre la protección de la información relacionada con la atención médica. Abogadas y organizaciones cuestionaron la manera en que se habría obtenido y difundido la información que permitió identificar a la paciente.
Especialistas citados en torno al caso señalaron que la información vinculada con el acto médico está protegida por normas de confidencialidad y que la difusión de datos que permitan identificar a una paciente puede generar responsabilidades.
La controversia se mantiene mientras se evalúa el alcance de la actuación parlamentaria y las obligaciones relacionadas con la protección de los datos personales y la privacidad de quienes reciben atención médica.
