Documentos difundidos por La República revelan que el jefe del CUPAZ pidió en dos ocasiones vehículos de la compañía minera para movilizar a personas intervenidas en Pataz. El caso reabre el debate sobre el apoyo logístico privado a las fuerzas del orden y la independencia de sus operaciones.
El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), responsable de las operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado en la provincia de Pataz, región La Libertad, solicitó vehículos y conductores de la compañía minera Poderosa para trasladar a personas detenidas durante intervenciones en la zona.
Según una investigación publicada por La República el 22 de octubre de 2026, el jefe del comando, general de brigada del Ejército Lizandro Córdova Román, dirigió dos solicitudes al superintendente de Seguridad Patrimonial de Poderosa, el general del Ejército en retiro Carlos Romero Von Bancels. Los documentos, de acuerdo con el medio, acreditan que la empresa autorizó el uso de sus unidades y conductores.
El caso genera cuestionamientos sobre la dependencia logística entre las fuerzas del orden y una empresa privada que opera en una zona donde se desarrollan acciones contra la minería ilegal.
Dos solicitudes para trasladar a detenidos
La primera solicitud fue realizada el 1 de septiembre. De acuerdo con la publicación, Córdova pidió una camioneta de Poderosa, identificada con la placa THE-913 y conducida por Kevin Palomino Carrera, para trasladar desde Chagual, en Pataz, hasta Trujillo a Aníbal Chacón Layza, de 38 años.
El hombre había sido intervenido en un puesto de control de Calquiche y contaba con una orden de captura vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas, emitida por un juzgado de Trujillo, según el reporte.
La segunda solicitud se registró el 24 de septiembre y estuvo relacionada con el traslado de Ubaldo Miranda Cutipa, de 57 años, quien era requerido por un juzgado penal de Arequipa por un caso de daños materiales.
Según la investigación, Miranda fue intervenido por una patrulla mixta integrada por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y personal del Ejército. Tras ser conducido a la comisaría de Chagual, se solicitó a Poderosa una camioneta debido a que la dependencia policial no contaba con un vehículo para realizar el traslado requerido.
El apoyo logístico a las fuerzas del orden
El CUPAZ fue creado en mayo de 2025 para desarrollar operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado en Pataz. Sus actividades son financiadas con recursos públicos canalizados a través del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Sin embargo, la investigación periodística señala que el comando también utiliza recursos logísticos de Poderosa, entre ellos vehículos, conductores e instalaciones de la compañía minera.
La publicación refiere, además, que fotografías y videos muestran a efectivos militares y policiales compartiendo espacios de alimentación con trabajadores de la empresa en sus campamentos de la zona.
Estos elementos han reavivado las interrogantes sobre los alcances de la colaboración entre la compañía y las fuerzas del orden, así como sobre los mecanismos de supervisión y transparencia que deben regir las operaciones estatales.
Los aportes a la campaña del ministro de Defensa
Otro de los aspectos abordados por el reportaje es la relación entre el financiamiento político y la colaboración logística denunciada.
Según La República, Evangelina Arias Vargas, presidenta del directorio de Poderosa, realizó ocho aportes que sumaron S/ 1.480.000 a la campaña presidencial de Rafael Belaunde Llosa, actual ministro de Defensa.
Debido a que el Ministerio de Defensa tiene relación directa con las operaciones del Ejército que integra el CUPAZ, la coincidencia ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses. No obstante, la existencia de aportes políticos y de colaboración logística no demuestra, por sí sola, que se hayan producido decisiones irregulares o un trato preferencial.
El ministro Rafael Belaunde ha negado reiteradamente que exista un trato preferencial de las Fuerzas Armadas hacia la minera Poderosa, de acuerdo con los antecedentes citados en la cobertura periodística.
Poderosa y el Ministerio de Defensa ante los cuestionamientos
Para la publicación del 22 de octubre, La República señaló que solicitó información al Ministerio de Defensa y a la empresa minera Poderosa sobre los documentos y hechos descritos, pero no obtuvo respuesta antes del cierre del reportaje.
En una cobertura anterior, la compañía sostuvo que la colaboración brindada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no implica que Poderosa dirija o controle sus decisiones y operaciones. También afirmó que las facilidades proporcionadas al CUPAZ no generan pagos, contraprestaciones ni beneficios económicos para la empresa.
Las respuestas institucionales y la documentación completa de las solicitudes serán relevantes para determinar bajo qué condiciones se autorizó el uso de los vehículos, quién asumió los costos operativos y qué mecanismos de control se aplicaron.
Transparencia en las operaciones contra la minería ilegal
El caso pone en discusión la necesidad de garantizar que las operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado se desarrollen con autonomía, transparencia y recursos adecuados.
En una provincia como Pataz, donde las autoridades enfrentan organizaciones criminales y actividades mineras ilegales, la coordinación entre el Estado y el sector privado puede ser un asunto operativo relevante. Sin embargo, también requiere reglas claras que eviten dudas sobre la independencia de las decisiones y el uso de recursos.
La documentación difundida por La República plantea preguntas sobre la capacidad logística de las dependencias estatales, las condiciones de la colaboración privada y la necesidad de que las instituciones competentes aclaren los procedimientos aplicados. Hasta que existan pronunciamientos oficiales o resultados de eventuales investigaciones, los hechos deben evaluarse a partir de la documentación disponible y de las versiones de las partes involucradas.
