El Salvador se compromete a no aumentar sus tenencias públicas de bitcoin como parte del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional. Más de 7.700 bitcoins, valorizados en unos 632 millones de dólares, pasarán a ser administrados por un operador privado aún no identificado.
El gobierno de Nayib Bukele ha dado un nuevo giro a su controvertida política de bitcoin en El Salvador al comprometerse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a no adquirir nuevas unidades de la criptomoneda y avanzar en una reducción de la participación directa del Estado en su gestión.
La medida forma parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de un programa financiero con el FMI por 1.400 millones de dólares, acuerdo que incluye reformas destinadas a reducir los riesgos fiscales y financieros asociados al uso estatal de bitcoin.
Uno de los principales cambios contempla que las reservas de bitcoin que permanecen bajo control público sean administradas por un operador privado, aunque hasta el momento no se ha identificado públicamente quién asumirá esta función. Según la información difundida este viernes, el Estado salvadoreño mantiene más de 7.763 bitcoins, cuyo valor conjunto ronda los 632 millones de dólares, dependiendo de la cotización del mercado.
El fin de las nuevas compras
El compromiso de no acumular nuevos bitcoins no es completamente nuevo. El programa acordado con el FMI ya establecía que El Salvador debía dejar de aumentar la exposición del sector público a bitcoin y limitar progresivamente la participación gubernamental en el proyecto.
El propio FMI señaló que, dentro del programa económico, el Gobierno salvadoreño se comprometió a no acumular nuevos bitcoins en su cartera pública y a no emitir ni garantizar deuda vinculada a la criptomoneda.
La diferencia ahora está en la administración de los activos que ya posee el Estado. En lugar de continuar ampliando directamente su cartera, el país busca establecer mecanismos para gestionar las reservas existentes bajo reglas de mayor control, transparencia y reducción de riesgos.
Un cambio respecto a la apuesta de Bukele
El bitcoin se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador en 2021, durante el gobierno de Bukele, convirtiendo al país en el primero del mundo en adoptar la criptomoneda con ese estatus.
La apuesta presidencial buscaba impulsar la inclusión financiera, atraer inversiones y facilitar las remesas. Sin embargo, el proyecto recibió críticas por sus costos, su escasa aceptación entre parte de la población y los riesgos asociados a la volatilidad de los criptoactivos.
A partir del acuerdo con el FMI, El Salvador comenzó a modificar varios de los elementos centrales de aquella política. Las reformas eliminaron la obligación de que empresas y particulares aceptaran bitcoin como medio de pago y establecieron que su utilización por parte del sector privado sería voluntaria. También se reforzó el uso del dólar estadounidense para las obligaciones tributarias.
¿Qué pasará con los bitcoins que ya tiene El Salvador?
El acuerdo no implica que el Gobierno vaya a vender inmediatamente toda su reserva de bitcoin. El objetivo es mantener los activos existentes bajo un esquema de administración más controlado, mientras se reduce la participación directa del Estado.
El FMI ha exigido además mayores niveles de transparencia sobre las tenencias públicas de bitcoin, incluyendo información sobre las billeteras digitales bajo control estatal y los movimientos de estos activos.
En sus revisiones del programa, el organismo también señaló que las autoridades salvadoreñas se comprometieron a mantener sin aumento las tenencias públicas de bitcoin y a establecer un marco integral para administrar los criptoactivos propiedad del Gobierno.
El operador privado y la falta de detalles
Uno de los aspectos que genera mayor interés es la transferencia de la gestión de las reservas a un operador privado. De acuerdo con la información publicada este viernes, todavía no se ha revelado la identidad de la entidad que administrará estos activos.
El cambio busca separar la gestión cotidiana de las reservas de la administración directa del Estado y establecer reglas de inversión y reducción de riesgos. El FMI ha insistido en la necesidad de fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas alrededor de los bitcoins que permanecen bajo control público.
Una marcha atrás gradual
La nueva medida representa un cambio significativo frente al discurso con el que Bukele defendió durante años su estrategia de bitcoin. Aunque El Salvador no está abandonando por completo las criptomonedas que ya posee, sí está reduciendo el papel que el Estado tendrá en su expansión y operación.
El acuerdo con el FMI establece así una hoja de ruta para limitar la exposición pública a un activo altamente volátil y, al mismo tiempo, mantener bajo administración los bitcoins adquiridos anteriormente.
La evolución del programa será seguida de cerca debido a que el valor de las reservas puede variar considerablemente según el precio internacional de bitcoin. Para El Salvador, el desafío será administrar esos activos sin incrementar los riesgos para las finanzas públicas, mientras cumple con los compromisos adquiridos ante el organismo financiero internacional.
