El expresidente del Congreso se libró de una condena penal por prescripción, pero la justicia confirmó su responsabilidad civil en perjuicio de Transportes Waynapicchu. La reparación supera los S/300,000 y deberá ser pagada solidariamente.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó la sentencia contra el expresidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, imponiéndole el pago de más de S/300,000 de reparación civil en el proceso por estafa contra la empresa Transportes Waynapicchu S.A.
El caso se remonta a 2012, cuando Soto cobró S/11,111 por modificar estatutos de la empresa, servicio que nunca entregó. Además, vendió un terreno adquirido meses antes por US$5,000 a un precio de US$265,000, con un área sobrevalorada en más de 200 m². La Fiscalía solicitó en su momento 8 años de prisión, pero la acción penal prescribió en 2022 tras la aprobación de la Ley 31751, conocida como “Ley Soto”, que redujo los plazos de prescripción de 18 a 10 años.
Aunque se libró de una condena penal, la justicia mantuvo la responsabilidad civil. En primera instancia se fijó una reparación de S/20,000 por el servicio no entregado y US$215,000 por la venta del terreno. En segunda instancia, el monto fue reformado y establecido en S/287,271.54, más los S/20,000 iniciales, sumando más de S/307,000. Soto deberá pagar de manera solidaria junto a Mario Sequeiros Fajardo, exgerente de la empresa.
El exparlamentario de Alianza para el Progreso ha recurrido a la Corte Suprema para intentar revocar el fallo, alegando que el monto es “desproporcionado” y que los servicios sí fueron entregados, aunque de forma tardía. Sin embargo, la sentencia civil ya está firme en segunda instancia y representa un duro golpe político para quien fue presidente del Congreso en 2025.
