Informe de la Contraloría General de la República revela que decenas de cámaras corporales adquiridas para la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecen almacenadas y sin uso, lo que evidencia negligencia y mal uso del recurso público.
La Contraloría General de la República determinó que siete exfuncionarios del Ministerio del Interior generaron un perjuicio económico al Estado superior a S/ 574,830 como resultado de irregularidades vinculadas a la compra de cámaras corporales (“bodycams”) destinadas a la Policía Nacional del Perú (PNP).
En el año 2022, el Mininter adquirió más de 500 cámaras corporales, con una inversión cercana a S/ 3.95 millones, bajo el supuesto objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. La
Sin embargo, inspecciones realizadas en comisarías de Lima, Callao y otras regiones revelaron que la mayoría de estos dispositivos — adquiridos como parte del programa de equipamiento policial — no fueron distribuidos ni puestos en operativo. Muchas unidades siguen guardadas en sus cajas originales.
Adicionalmente, en las comisarías donde algunas cámaras sí fueron asignadas, no existe un sistema funcional para procesar, almacenar o gestionar las grabaciones que deberían generar. Faltan redes, dispositivos de almacenamiento y procedimientos claros, lo que anula su utilidad real.
Este escenario evidencia una grave falla en la gestión pública: una compra millonaria con fines de seguridad ciudadana — justamente en un contexto de aumento de la criminalidad — que no se traduce en beneficio operacional ni en vigilancia efectiva.
Frente a este hallazgo, la Contraloría remitió un informe al Mininter y a la PNP para que se determine responsabilidades, se adopten medidas correctivas y, de ser el caso, se sancione a quienes resulten responsables de esta inoperancia.
