Cuestionan designación en el Poder Judicial: advierten irregularidades en representación de la Judecap

Abogado Luis Gutiérrez Oliva señala que división en la Judecap afecta la conformación del Consejo Ejecutivo del PJ y advierte que Delia Espinoza no podría ejercer el cargo.

En entrevista con Expreso, el abogado Luis Gutiérrez Oliva advirtió que la división interna en la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú (Judecap) estaría generando vacíos en la representación ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ) y la Academia de la Magistratura, afectando la correcta conformación de estos órganos clave del sistema judicial.

Según explicó, el representante ante el Consejo Ejecutivo del PJ ostenta el nivel, atribuciones y remuneración de un juez supremo, en línea con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este órgano constituye la máxima instancia administrativa de la judicatura, cuyos integrantes perciben ingresos superiores a los 42 mil soles mensuales.

Disputa por representación

Gutiérrez Oliva sostuvo que Delia Espinoza no podría integrar el Consejo Ejecutivo debido a que, de los 34 decanos de colegios de abogados del país, 19 habrían respaldado a Vicente Espinoza, decano de Lima Sur, como representante válido de la Judecap.

En ese sentido, remarcó que dicha decisión se adoptó en una asamblea realizada en marzo de 2025 en Piura, la cual —según indicó— contó con la participación de 20 decanos, lo que le otorgaría legitimidad. “¿Cómo hacemos para desconocer un acto que ya se llevó en marzo del 2025, que es válido?”, cuestionó.

Observaciones legales

El abogado también señaló que Delia Espinoza estaría inhabilitada por el Congreso por un periodo de diez años, lo que —a su juicio— impediría que ejerza funciones públicas, como la representación ante el Consejo Ejecutivo del PJ o la Academia de la Magistratura.

“¿Cómo podría ella ejercer la representación por la Judecap y recibir dinero público?”, indicó, al cuestionar la viabilidad legal de su eventual designación.

El caso abre un nuevo frente de controversia en el sistema judicial, en un contexto marcado por disputas institucionales y cuestionamientos sobre la legitimidad de las representaciones en órganos clave del Poder Judicial.

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