El exfiscal supremo Tomás Gálvez interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra, a quien acusa de liderar una presunta organización criminal denominada “Los Intocables de la Corrupción”. El exmandatario afrontaría nuevas investigaciones por delitos de colusión, cohecho y tráfico de influencias.
El exfiscal supremo Tomás Gálvez presentó este viernes una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por su presunta participación como líder de una organización criminal identificada como “Los Intocables de la Corrupción”.
La denuncia, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, sostiene que Vizcarra habría encabezado una red dedicada a favorecer empresas y allegados durante su gestión como gobernador regional de Moquegua y posteriormente como jefe de Estado.
Según el documento, la presunta organización operaba mediante el otorgamiento irregular de contratos públicos y nombramientos de funcionarios, así como la recepción de sobornos y beneficios ilícitos a cambio de favorecer intereses empresariales.
Tomás Gálvez acusa al exmandatario de haber cometido los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, solicitando que el Parlamento inicie el procedimiento correspondiente por infracción constitucional y responsabilidad penal.
Asimismo, el exfiscal señaló que la red de corrupción habría continuado operando después del mandato de Vizcarra, mediante exfuncionarios y asesores cercanos. En declaraciones a la prensa, Gálvez aseguró que “se trata de un esquema sistemático que afectó la moral pública y la transparencia del Estado”.
Por su parte, Martín Vizcarra —quien enfrenta otros procesos judiciales por presuntos sobornos vinculados al caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua— ha negado reiteradamente todas las acusaciones, calificándolas de persecución política.
La Subcomisión deberá ahora evaluar la admisibilidad de la denuncia antes de que pase a la Comisión Permanente y, eventualmente, al Pleno del Congreso para su debate.
De ser admitida, esta sería la tercera denuncia constitucional que enfrenta el exmandatario desde que dejó la presidencia en 2020, en medio de diversos cuestionamientos por presuntos actos de corrupción.
