La iniciativa de la diputada Roxana Rocha plantea sancionar a conductores que operen sin autorización y generen un peligro concreto para la vida de las personas. Especialistas advierten que la redacción de la norma debe ser precisa para evitar sanciones desproporcionadas.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone imponer penas de hasta seis años de prisión a conductores que presten servicios de transporte sin la habilitación correspondiente y pongan en riesgo la vida o integridad de terceros. La iniciativa, impulsada por la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, busca reforzar la seguridad vial y modificar disposiciones del Código Penal.
Se trata del Proyecto de Ley 00185-2026-2031-CD, que plantea sanciones para quienes realicen transporte público de pasajeros, mercancías o carga sin contar con la autorización correspondiente, siempre que su conducta genere un peligro concreto para otras personas. <Cite refs={[«turn398955search1″,»turn398955search2»]}/>
¿Qué plantea el proyecto de ley?
La propuesta contempla penas de entre cuatro y seis años de prisión, además de inhabilitación, para quienes presten servicios de transporte sin la habilitación exigida y generen un riesgo concreto para la vida o integridad de terceros.
También plantea sanciones para conductores de servicios autorizados que incumplan determinadas condiciones legales y técnicas, así como para conductores particulares que manejen sin licencia vigente, con una licencia suspendida o cancelada, o con una categoría que no corresponda al vehículo, cuando su conducta genere un peligro concreto.
En este último supuesto, las penas propuestas van de seis meses a dos años de prisión o de 52 a 104 jornadas de prestación de servicios comunitarios, según las circunstancias contempladas en la iniciativa. <Cite refs={[«turn398955search1″,»turn398955search2»]}/>
La propuesta busca reforzar la seguridad vial
Roxana Rocha sostiene que la finalidad de la iniciativa es proteger a pasajeros, peatones y otros usuarios de las vías frente a conductas que representen un peligro real.
La parlamentaria ha señalado que la falta de autorización, por sí sola, no debería bastar para configurar el delito: debe acreditarse una situación concreta de riesgo. Asimismo, el proyecto establece que la responsabilidad penal debe ser personal, por lo que no se sancionaría al propietario de un vehículo únicamente por ser su dueño. <Cite refs={[«turn398955search1″,»turn398955search2»]}/>
La iniciativa se apoya en cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citadas por su despacho. Entre enero de 2021 y marzo de 2024 se registraron más de 266.000 siniestros de tránsito, con 10.226 fallecidos y más de 175.000 lesionados. Estos datos se presentan como parte de los argumentos para fortalecer las medidas de prevención y control. <Cite refs={[«turn398955search1″,»turn398955search2»]}/>
Especialistas advierten sobre la proporcionalidad
La propuesta ha generado cuestionamientos relacionados con la precisión de los delitos y la proporcionalidad de las sanciones. El abogado penalista James Rodríguez, citado por El Comercio, considera que la finalidad de proteger la vida es legítima, pero sostiene que la reforma requiere una revisión cuidadosa para evitar duplicidades y asegurar que las conductas sancionadas estén claramente delimitadas.
Uno de los puntos de discusión es el concepto de «peligro concreto». Los especialistas advierten que su aplicación debe sustentarse en hechos y pruebas verificables, a fin de evitar interpretaciones arbitrarias o que infracciones meramente administrativas terminen tratándose como delitos.
El debate también comprende la necesidad de acompañar cualquier endurecimiento de penas con fiscalización efectiva, educación vial y medidas que permitan mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito. <Cite refs={[«turn398955search2»]}/>
La ATU respalda sanciones frente a conductas peligrosas
David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), expresó su respaldo a la iniciativa y consideró necesario aplicar medidas firmes frente a conductas que pongan en peligro la vida y la salud de los pasajeros.
Sin embargo, la discusión no se limita a la informalidad. La propuesta también alcanza determinados comportamientos de conductores que cuentan con autorización, pero incumplen condiciones de seguridad y generan un riesgo concreto.
De esta manera, el proyecto busca establecer consecuencias penales para las conductas más peligrosas al volante, mientras continúa el debate sobre la claridad de sus disposiciones y la proporcionalidad de las sanciones. <Cite refs={[«turn398955search2»]}/>
¿Qué sigue para la iniciativa?
El Proyecto de Ley 00185-2026-2031-CD es una propuesta legislativa y no debe confundirse con una ley ya vigente. Su eventual aprobación dependerá del procedimiento parlamentario correspondiente.
Mientras tanto, el debate plantea una cuestión central para la seguridad vial: cómo sancionar de manera efectiva las conductas que ponen vidas en peligro sin criminalizar automáticamente la informalidad ni convertir cualquier incumplimiento administrativo en un delito.
