La decisión fue adoptada tras una revisión de oficio de la medida cautelar, procedimiento que permite evaluar si existen nuevos elementos que justifiquen modificar o levantar la prisión preventiva.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que las diligencias realizadas desde que se dictó la medida aportaron información adicional a la investigación. Entre los elementos mencionados figuran declaraciones testimoniales, pericias y documentos incorporados a la carpeta fiscal.
La defensa de Castillo, por su parte, solicitó sustituir la prisión preventiva por una medida menos restrictiva. Sin embargo, el juzgado concluyó que no se habían presentado circunstancias nuevas suficientes para desvirtuar los fundamentos de la medida.
La investigación comprende presuntos actos de corrupción
El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en entidades públicas y contrataciones vinculadas a Petroperú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Las imputaciones fiscales incluyen presunta organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple. Estas acusaciones forman parte de un proceso penal en curso y deben distinguirse de la condena que Castillo recibió en diciembre de 2025 por el delito de conspiración para rebelión, relacionada con los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022.
Con esta resolución, el Poder Judicial mantiene la medida de prisión preventiva en el proceso investigado, sin que ello constituya por sí mismo una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de Castillo en los hechos materia de esta causa.
