El fiscal de la Nación cuestionó la norma que asigna a la Policía Nacional la conducción de esta etapa y defendió la participación del Ministerio Público para garantizar la validez de las pruebas en los procesos penales.
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, solicitó derogar la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de conducir la investigación preliminar de los delitos. El titular del Ministerio Público calificó la norma como «totalmente perniciosa» y advirtió que podría afectar la eficacia de las investigaciones penales.
Durante sus declaraciones, Gálvez sostuvo que la Policía y la Fiscalía deben trabajar de manera coordinada desde el inicio de las investigaciones, especialmente en los casos relacionados con la criminalidad organizada.
Cuestiona la exclusión del Ministerio Público
Gálvez argumentó que la Constitución Política de 1993 establece que el Ministerio Público dirige la investigación del delito desde su inicio. En ese sentido, cuestionó que la Policía pueda desarrollar investigaciones preliminares sin la participación fiscal.
Según explicó, las diligencias realizadas exclusivamente por la PNP podrían enfrentar dificultades para ser utilizadas durante el juzgamiento si no cuentan con la intervención fiscal correspondiente.
«¿Qué hacemos perdiendo tiempo investigando de esa manera? Tenemos que trabajar conjuntamente», manifestó, al insistir en que la Fiscalía no debe quedar excluida de esta etapa del proceso penal.
No obstante, el fiscal de la Nación aclaró que no se opone a que la Policía inicie las diligencias inmediatas ante la comisión de un delito, sino a que actúe sin coordinación con el Ministerio Público.
Pide fortalecer el trabajo conjunto contra el crimen
El titular de la Fiscalía también planteó que el Ministerio Público sea incorporado formalmente a las instancias de dirección operativa unificada encargadas de combatir la criminalidad organizada.
A su juicio, la participación fiscal permitiría garantizar que las pruebas obtenidas durante las intervenciones se incorporen adecuadamente a las investigaciones y puedan sustentar los procesos judiciales.
Asimismo, señaló que la estrategia contra las organizaciones criminales debe priorizar la identificación y recuperación de los recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, además de la imposición de penas privativas de libertad.
Comisión de Justicia respalda la derogación
De acuerdo con la información publicada por LP Derecho el 22 de octubre de 2026, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un dictamen favorable a la derogación de la norma cuestionada.
Gálvez respaldó esta iniciativa y reiteró que la Policía y el Ministerio Público deben mantener una actuación coordinada para mejorar la eficacia de las investigaciones y la persecución penal.
La controversia se centra en cómo distribuir las funciones entre ambas instituciones sin comprometer la obtención de pruebas ni la eficacia de los procesos judiciales. La propuesta de derogación busca revertir el cambio normativo, aunque su aprobación en comisión no equivale por sí sola a la derogación definitiva de la ley.
