Investigaciones internacionales y nacionales confirman que los niños y adolescentes enfrentan cada vez más amenazas en entornos digitales. El grooming, el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y el impacto en la salud mental y física son los principales peligros identificados.
Un dossier elaborado por la Plataforma Control Z junto a sociedades científicas en 2026 señala que el debate sobre la infancia en entornos digitales ya no debe centrarse únicamente en el “tiempo de pantalla”, sino en los usos y contenidos que incrementan los riesgos. El informe identifica siete patrones de riesgo con mayor respaldo empírico: el uso compulsivo de redes sociales y videojuegos, el uso nocturno que altera el sueño, la exposición temprana a pantallas de baja calidad interactiva, la comparación social basada en la apariencia corporal, la exposición a contenidos de alto riesgo como pornografía o autolesión, el ciberacoso y las consecuencias físicas relacionadas con la salud ocular y cardiometabólica.
En el caso peruano, un estudio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizado entre 2025 y 2026 reveló que 49.4% de niñas, niños y adolescentes encuestados conversó con desconocidos por internet, mientras que 45.2% reportó haber vivido al menos una situación de riesgo digital. Entre las amenazas más comunes se identificaron grooming, perfiles falsos, solicitudes de imágenes íntimas y exposición a contenido sexual. El informe también advierte sobre nuevas formas de vulneración vinculadas al uso indebido de inteligencia artificial, como la manipulación de imágenes y la creación de perfiles falsos más sofisticados.
Los especialistas coinciden en que es urgente fortalecer la alfabetización digital, implementar sistemas efectivos de verificación de edad, limitar los patrones de diseño adictivos en plataformas y reforzar la moderación de contenidos de riesgo. Asimismo, destacan la importancia de la participación de las familias y escuelas en la prevención, promoviendo un uso seguro y responsable de internet.
En conclusión, el estudio evidencia que los riesgos virtuales para menores de edad están creciendo y requieren respuestas inmediatas desde la política pública, la regulación tecnológica y la educación digital, para garantizar un entorno más seguro en el que niños y adolescentes puedan desarrollarse sin vulneraciones.
