Especialistas alertan que una nueva norma del Ejecutivo podría generar excesos en el uso de la fuerza y debilitar la rendición de cuentas en el país.
El Gobierno peruano publicó el 2 de abril de 2026 un decreto supremo que modifica las reglas de intervención de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia. La norma establece que los militares quedarán exentos de responsabilidad penal cuando actúen en cumplimiento de su deber, incluso si sus acciones ocasionan daños o muertes.
Este cambio legal ha generado fuerte polémica. Expertos en seguridad y exautoridades advierten que podría abrir la puerta a situaciones de impunidad, especialmente porque introduce criterios como la “previsibilidad”, que permite a los militares intervenir antes de que la Policía sea superada, basándose en posibles riesgos futuros.
El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, señaló que la ley ya contemplaba protección para el uso legítimo de la fuerza, pero subrayó que esta solo aplica cuando existe peligro real para la vida. En ese sentido, advirtió que una interpretación amplia de la norma podría justificar acciones indebidas.
Por su parte, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró que la intervención militar debe ser restrictiva y bien delimitada, para evitar vulneraciones a los derechos ciudadanos.
Además, se ha cuestionado que los militares no cuentan con el equipamiento adecuado para tareas de control del orden interno, ya que utilizan armamento de guerra que no es proporcional para enfrentar situaciones civiles.
Este decreto forma parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la creciente inseguridad en el país, pero ha reavivado el debate sobre la militarización del orden interno y sus posibles consecuencias en los derechos humanos.
