El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que el Estado honrará los compromisos firmados, mientras el Ejecutivo posterga la decisión final sobre la adquisición de aeronaves.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas realizará el pago comprometido en los contratos suscritos para la adquisición de aviones destinados a la Fuerza Aérea del Perú. Según indicó, el desembolso responde a obligaciones asumidas por el Estado peruano tras la firma de acuerdos recientes, en el marco del proceso de compra de aeronaves de combate.
El anuncio se produce en medio de una creciente controversia política por la decisión del Ejecutivo de frenar o postergar la compra de los aviones F-16 Fighting Falcon, una operación que ha generado debate sobre prioridades fiscales y estratégicas en el país.
Pago responde a compromisos contractuales
Rospigliosi precisó que el pago corresponde a contratos firmados el pasado 20 de abril, por lo que su ejecución forma parte del cumplimiento de obligaciones legales previamente adquiridas por el Estado. En ese sentido, remarcó que el Perú debe honrar estos compromisos independientemente de la continuidad del proceso de adquisición.
Ejecutivo traslada decisión al próximo gobierno
Por su parte, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre la suspensión del proceso de compra, señalando que su decisión busca priorizar el uso de los recursos públicos y que será la siguiente administración la que adopte una definición final.
Durante un mensaje a la Nación, el mandatario aclaró que las negociaciones para la adquisición de estas aeronaves no se iniciaron en su gestión, sino que forman parte de un proceso previo impulsado por la Fuerza Aérea del Perú y el sector Defensa.
Debate sobre gasto público y defensa
La situación abre un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio entre inversión en defensa y restricciones fiscales, en un contexto en el que el Gobierno enfrenta presiones para optimizar el uso de los recursos públicos.
El caso también pone en evidencia la complejidad de los procesos de adquisición militar, donde los compromisos contractuales pueden coexistir con decisiones políticas que redefinen la continuidad de los proyectos.
