El tribunal responsabilizó al Estado por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997 y señaló que estos hechos formaron parte de una política estatal masiva dirigida principalmente contra mujeres vulnerables.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, ocurrida durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado en el gobierno de Alberto Fujimori.
El tribunal determinó que este caso no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal masiva dirigida principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. La sentencia califica estos hechos como un claro ejemplo de violencia institucional contra la mujer y utiliza por primera vez en un fallo los términos violencia reproductiva y esterilizaciones forzadas.
Ordenan reparaciones y acto de perdón público
La Corte IDH dispuso que el Estado peruano realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y adopte medidas de reparación económica para las víctimas. Además, ordenó iniciar investigaciones internas para determinar a los responsables y aprobar un instrumento normativo que garantice el consentimiento libre e informado en procedimientos de salud sexual y reproductiva.
La sentencia también establece que, una vez identificados los responsables, estos no podrán ser beneficiados con indultos u otras medidas que impidan su juzgamiento.
Política masiva durante los años noventa
El tribunal señaló que la magnitud del programa evidencia que no se garantizó el consentimiento informado de las pacientes. Durante la década de los noventa se registraron campañas intensivas de esterilización en centros de salud del país.
Según los expedientes revisados, el mismo día en que Celia Ramos fue operada se realizaron otras 14 intervenciones en la misma sala, entre las 10.00 y las 14.30, lo que implicaría un promedio de 21 minutos por procedimiento.
De acuerdo con datos oficiales, el programa estatal aplicado entre 1996 y 2001 esterilizó a alrededor de 314 mil mujeres y 24 mil hombres en el Perú.
Afectó principalmente a mujeres rurales
La Corte concluyó que muchas de las intervenciones se realizaron bajo presiones, amenazas o incentivos, principalmente contra mujeres rurales, indígenas y con bajos niveles de instrucción.
El tribunal determinó que el Estado violó derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la vida privada, el acceso a la información y el derecho a formar una familia de Celia Ramos Durand.
Además, consideró que se vulneraron los derechos de sus tres hijas, quienes quedaron huérfanas siendo menores de edad tras la muerte de su madre.
El caso se remonta a 1997, cuando Celia Ramos, de 34 años, acudió a un centro de salud en La Legua, Piura, por atención odontológica. Según el expediente, fue presionada en reiteradas ocasiones para someterse a una ligadura de trompas, procedimiento que finalmente se realizó y tras el cual falleció.
