La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado peruano violó los derechos de Eduardo Nicolás Cuadra Bravo al retrasar durante más de dos décadas la ejecución de una sentencia judicial sobre su pensión, ordenando reparaciones económicas y medidas de difusión del fallo.
El conflicto se remonta al 24 de julio de 2003, cuando los tribunales peruanos ordenaron que Cuadra Bravo fuera incorporado al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20.530. Sin embargo, la ejecución de la sentencia se retrasó por más de 20 años, debido a la falta de claridad sobre los conceptos a considerar para calcular su pensión.
Durante ese tiempo, el monto de su pensión varió repetidamente, generando una deuda de S/ 1.124.705,50 millones con el Banco de la Nación. La entidad, además, le redujo un 20 % de su pensión mensual para compensar supuestas obligaciones pendientes.
Violación de derechos y fallo de la Corte IDH
El Tribunal concluyó que el caso refleja una problemática estructural en Perú: la demora injustificada en la ejecución de decisiones judiciales. Por ello, se determinó que el Estado peruano violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial (artículos 8.1, 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana), así como la integridad personal y el proyecto de vida del jubilado.
Medidas ordenadas por la Corte Interamericana
Entre las disposiciones, la Corte IDH ordenó:
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Anulación de la deuda: el Estado no puede exigir ni cobrar los montos derivados de la pensión, quedando sin efecto la deuda de más de S/ 1,1 millones.
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Difusión del fallo: publicación de un resumen en El Peruano y en un medio de amplia circulación, y difusión del fallo completo en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial por al menos un año.
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Reparación económica: pago de US$ 10.000 por daño material, US$ 20.000 por daño inmaterial, US$ 10.000 por costas y gastos judiciales en Perú, y US$ 5.000 para la defensa legal ante el sistema interamericano.
Estas medidas buscan reparar el daño sufrido durante más de 20 años y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a retrasos judiciales similares.
