La presidenta de la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, la congresista María del Carmen Alva, presentó una serie de propuestas con las que busca modificar las leyes orgánicas del Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional para hacer más eficiente la administración de justicia en el país.
La Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia del Congreso de la República, presidida por la congresista María del Carmen Alva, anunció el impulso de una serie de cambios legales estructurales a las leyes orgánicas del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que forman parte de una reforma integral del sistema de justicia peruano.
Alva afirmó que el sistema de justicia del país se encuentra en un estado crítico y que se requieren medidas profundas y urgentes, más allá de parches, para asegurar una administración de justicia más eficaz y coordinada. En ese contexto, explicó que dichas reformas apuntan a mejorar la coordinación entre fiscales, jueces y otros operadores de justicia, así como a fortalecer la independencia y el funcionamiento de las instituciones judiciales.
La comisión ha trabajado en un informe preliminar que plantea múltiples modificaciones normativas, incluyendo propuestas que modificarían el marco legal y estructural del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con miras a reducir la carga procesal, agilizar los procesos y asegurar que las instituciones actúen con mayor eficacia.
Estas reformas forman parte de un proceso más amplio que busca evaluar y reestructurar el sistema de administración de justicia en el país, en respuesta a demandas sociales y críticas por la lentitud de los procesos judiciales y la percepción de impunidad. El documento que resume estas propuestas contempla no solo ajustes legales, sino también nuevas estructuras para la formación y evaluación de jueces y fiscales, entre otros cambios institucionales.
El informe final será sometido a debate en el Congreso para su análisis más profundo y posible aprobación, en un contexto de amplio consenso sobre la necesidad de una reforma integral del sistema judicial peruano.
