Gobierno exige a operadoras bloquear llamadas y mensajes vinculados a delitos

El Decreto Legislativo N.º 1723 obliga a identificar y bloquear comunicaciones que presenten indicios de estafas, extorsiones o suplantación de identidad, fortaleciendo la seguridad ciudadana.

El Gobierno oficializó la norma que exige a las empresas operadoras identificar el origen de llamadas y mensajes de texto, y bloquear aquellas comunicaciones que utilicen numeración irregular o presenten indicios de actividad delictiva, mediante el Decreto Legislativo N.º 1723, publicado en El Peruano.

Obligaciones para las operadoras

Las empresas deberán implementar soluciones técnicas y operativas que alerten a los usuarios sobre posibles fraudes y eviten la concreción de llamadas y mensajes vinculados a delitos como estafas, extorsiones, amenazas o suplantación de identidad.

Alcance del decreto

La norma también alcanza a los “agentes vinculados en la trazabilidad”, personas naturales o jurídicas que participan en el enrutamiento de llamadas y mensajes, quienes deberán cumplir lo que establezca el reglamento del decreto.

Fiscalización y sanciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones será responsable de la supervisión y sanción de los incumplimientos, clasificando las infracciones como leves, graves o muy graves, con amonestaciones escritas o multas. El ministerio podrá monitorear las redes y sistemas de las operadoras y de los agentes involucrados, respetando la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones.

Financiamiento e implementación

La ejecución de estas medidas se financiará con el presupuesto institucional del MTC, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. El reglamento deberá publicarse en un máximo de 90 días calendario, y la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Mensajes de texto también incluidos

Complementariamente, la Ley N.º 32323 se modifica para precisar que los mecanismos de identificación y validación se aplican también a mensajes de texto. En este marco, el MTC y el Indecopi ejercerán funciones de fiscalización y sanción, cada uno dentro de sus competencias.


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