El gobernador regional del Callao reapareció públicamente después de que el Poder Judicial dejara sin efecto la orden de prisión preventiva que había sido dictada en su contra por el caso Los socios del Callao, y busca recuperar oficialmente su cargo.
El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, reapareció este lunes en la sede del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) con la intención de retomar su cargo de gobernador, tras la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao de anular la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra en el marco de la investigación por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en el caso denominado Los socios del Callao.
La medida judicial revocada —originariamente emitida por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao— contemplaba 24 meses de prisión preventiva y la orden de ubicación y captura de Castillo Rojo por parte de las autoridades competentes. Con la resolución de la Sala Penal, esa orden fue anulada y reemplazada por una comparecencia con restricciones, habilitando al funcionario para continuar el proceso legal en libertad, bajo condiciones como la presentación periódica ante las autoridades y la prohibición de ausentarse de su localidad sin autorización.
A primeras horas de la mañana, Castillo Rojo arribó al GORE Callao y se dirigió a simpatizantes y medios con un megáfono, asegurando que busca cumplir con la ley y retomar sus funciones, aunque hasta el momento de redactar esta nota no ha logrado ingresar a la sede regional debido a medidas de seguridad que impiden su acceso.
El Consejo Regional del Callao, según allegados a Castillo, habría aprobado su retorno como titular de la institución, lo que implicaría que la suplencia ejercida por la vicegobernadora cesa obligatoriamente con la restitución de Castillo al cargo. No obstante, la gobernadora regional interina, Edita Vargas, manifestó su preocupación por la situación, señalando que el retorno de Castillo debe evaluarse con cautela debido a la actuales investigaciones y posibles riesgos sobre la institucionalidad.
Además, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció expresando su respeto al debido proceso y a las decisiones de los órganos jurisdiccionales, subrayando que toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia firme que declare su responsabilidad penal.
La anulación de la prisión preventiva marca un nuevo capítulo en el caso de alto perfil público y político que ha generado amplio interés ciudadano y cobertura mediática, mientras Castillo continúa enfrentando el proceso judicial en su contra bajo reglas de conducta impuestas por la justicia.
