El Gobierno impulsa una norma clave para enfrentar la erosión, la contaminación y el impacto de los incendios, en un debate que también interpela a otros países de la región.
Chile atraviesa un punto de inflexión ambiental. Más del 60% de su territorio presenta algún grado de erosión y la pérdida sostenida de la capacidad productiva del suelo ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en una urgencia de Estado. En ese contexto, el Ejecutivo chileno presentó indicaciones sustitutivas al proyecto de Ley Marco de Suelos, con el objetivo de reconocer este recurso como un componente vital del medioambiente y no solo como un insumo económico.
La iniciativa propone un marco regulatorio integral para proteger, conservar y recuperar los suelos, destacando su rol estratégico en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática. El debate no es ajeno al Perú, donde la degradación de suelos, los pasivos ambientales y la presión sobre ecosistemas productivos también representan un desafío estructural.
Contaminación, incendios y urgencia política
El proyecto cobra fuerza en una semana marcada por contingencias ambientales en Chile, como la demanda estatal contra la actividad minera en Puchuncaví por contaminación con metales pesados y la preocupación por la degradación química del suelo tras los incendios en la zona centro sur. Estos episodios han vuelto visible el impacto acumulado de actividades humanas sobre un recurso clave para la economía y la salud pública.
Desde el Ejecutivo chileno señalan que la norma busca enfrentar la degradación de origen antropogénico y corregir la histórica falta de información científica, un vacío que ha dificultado la planificación territorial y la toma de decisiones a largo plazo.
Una política nacional con enfoque territorial
El eje central de la iniciativa es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Este organismo actuaría como articulador entre distintas entidades públicas, con el objetivo de evitar que las medidas de protección queden en el plano declarativo.
Para José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental, el avance legislativo representa una señal relevante para el sector técnico y ambiental. Según explica, Chile arrastra pasivos ambientales históricos que requieren una gestión basada en evidencia, y la propuesta de crear un Catastro Nacional de Suelos permitiría identificar zonas vulnerables y funciones ecosistémicas de manera pública y gratuita.
Certeza técnica y gobernanza ambiental
A diferencia de normativas anteriores, el proyecto incorpora un enfoque de equidad territorial mediante la creación de cinco comisiones macrozonales, integradas por gobernadores, académicos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de adaptar las medidas a las realidades locales.
La propuesta también contempla guías específicas para suelos con posible presencia de contaminantes, buscando entregar mayor certeza jurídica y ambiental tanto a comunidades como a inversores. Además, se plantea la creación de un Instituto del Suelo en un plazo de cuatro años, una medida que, de concretarse, podría posicionar a Chile como referente regional en gobernanza ambiental y facilitar el acceso a financiamiento verde internacional.
Un debate que trasciende fronteras
El éxito de la ley dependerá de su capacidad para armonizar los intereses de los sectores agrícola, forestal y ambiental, en un contexto de creciente presión climática. Con la presentación de las indicaciones en enero de 2026, el Gobierno chileno busca alinear los instrumentos de fomento productivo con criterios de sostenibilidad y preservar el suelo como patrimonio estratégico para las futuras generaciones, una discusión que también interpela a países como el Perú, donde el debate sobre ordenamiento territorial y protección ambiental sigue abierto.
