La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) rechazó las declaraciones y acciones del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta injerencia directa en el Poder Judicial y aseguró que sus conductas ponen en riesgo la independencia judicial y la democracia en el país.
a Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) emitió un pronunciamiento en el que acusó al presidente interino del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, de incurrir en actos de interferencia en la administración de justicia y de atentar contra la institucionalidad democrática.
En su comunicado, la agrupación rechazó lo que considera amenazas e injerencia directa de Rospigliosi en audiencias judiciales y procedimientos en curso, así como el uso de mecanismos disciplinarios con fines que califican de intimidatorios para cuestionar decisiones jurisdiccionales.
La asociación advirtió que estas acciones —incluidas amenazas públicas de destitución, la presentación de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la intervención en audiencias en trámite— no son hechos aislados, sino que, a su juicio, constituyen un patrón sistemático de presión institucional que busca debilitar la independencia del Poder Judicial y socavar la separación de poderes.
Como ejemplo, mencionaron la denuncia interpuesta por Rospigliosi contra la jueza Rocío Rabines Briceño, luego de que esta declarara inaplicable una norma en un caso de gran relevancia constitucional. También criticaron su presencia en audiencias relacionadas con procesos sensibles, como el caso de la Masacre de Cayara, lo que fue interpretado como intento de intimidar a magistrados y afectar su autonomía.
La Asociación de Jueces subrayó que la independencia judicial y fiscal no son privilegios corporativos, sino garantías esenciales para los derechos de la ciudadanía y advirtió que su debilitamiento pone en riesgo la democracia, la separación de poderes y la legitimidad de todo el sistema de justicia.
El pronunciamiento concluye reafirmando que ningún poder del Estado puede someter ni coartar la labor de la justicia, y que la intimidación de jueces y fiscales afecta directamente el derecho constitucional de los ciudadanos a un proceso libre de presiones.
