Jefe de ATU rechazó oferta peruana para cámaras en buses y convocó a empresas chinas

La controversia surge porque la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) habría desestimado una propuesta local para instalar cámaras de vigilancia en buses del transporte público y, en su lugar, abrió la convocatoria a empresas extranjeras, generando cuestionamientos de gremios y políticos.

El jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, tomó una decisión que ha generado críticas en el sector transporte y político. Según gremios de microempresas de construcción, antes de que el presidente José Jerí asumiera el cargo, la Asociación Peruana de Microempresas de la Construcción ofreció a la ATU instalar cámaras de videovigilancia en los buses mediante el mecanismo de obras por impuestos, lo que habría resultado más rápido y barato.

Sin embargo, tras el cambio de autoridades después de la llegada del nuevo gobierno, la ATU publicó una convocatoria para incluir empresas extranjeras —principalmente chinas— en el proceso de adquisición de cámaras, lo que provocó el rechazo del sector local. Hugo Alache, presidente del mencionado gremio, aseguró que ya había avanzado conversaciones con la ATU anteriormente, pero que con los cambios de mando las bases ahora favorecen a otros participantes.

La oferta local incluía no solo la instalación de cámaras en los vehículos, sino también en los recorridos y la provisión de chalecos antibalas para los operadores, según Alache.

Por su parte, la ATU ha negado versiones de favorecimiento y ha resaltado que el proceso de compra de cámaras de videovigilancia aún se encuentra en curso, que no hay buena pro ni adjudicación finalizada, y que se está desarrollando de forma pública y conforme a normativa técnica y legal. El presidente de la ATU ha asegurado que no existe vínculo preferencial con ninguna empresa y que el proceso sigue sus términos establecidos.

Este tema se produce en medio de esfuerzos para reforzar la seguridad en el transporte público, un problema que preocupa tanto a usuarios como a transportistas ante la ola de extorsiones y delitos que afectan al sector

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