Ejecutivo no publica reglamentos prometidos para enfrentar extorsión y sicariato, mientras la inseguridad ciudadana sigue en aumento.
Lima pesar de los reiterados anuncios del presidente José Jerí sobre la emisión de dispositivos normativos para combatir la criminalidad, el Ejecutivo continúa sin publicar reglamentos esenciales que permitan aplicar medidas extraordinarias contra delitos como la extorsión y el sicariato.
Uno de los principales pendientes es el reglamento de la Ley N.° 32490, promulgada el 3 de noviembre de 2025, que establece acciones excepcionales para enfrentar el crimen organizado. El propio jefe de Estado aseguró que dicha norma sería reglamentada “a más tardar el domingo pasado”; sin embargo, hasta la fecha no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, lo que impide su ejecución práctica.
La falta de este reglamento retrasa la puesta en marcha de medidas clave como la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que debía articular el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Asimismo, se mantienen en suspenso los mecanismos de compensación económica, seguros y facilidades crediticias para transportistas y empresarios afectados por la delincuencia.
A este incumplimiento se suma la demora en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciado para enero de 2026. El Ejecutivo amplió recientemente el plazo para su elaboración por diez días adicionales, sin precisar una nueva fecha de presentación oficial.
No obstante, el Gobierno sí ha publicado un decreto supremo con medidas complementarias orientadas a reforzar la seguridad en el transporte público, que incluye el uso de tecnología de vigilancia, botones de pánico y apoyo a víctimas de delitos. Estas acciones, aunque valoradas, son consideradas insuficientes frente a la magnitud del problema de inseguridad que afecta a diversas regiones del país.
La ausencia de los dispositivos normativos prometidos vuelve a poner en cuestión la capacidad de respuesta del Ejecutivo frente a la criminalidad, en un contexto en el que ciudadanos, transportistas y gremios empresariales exigen acciones concretas y urgentes para frenar el avance del delito.
