Diversas normas legales y éticas en el sistema de justicia peruano señalan que el fiscal supremo Pablo Sánchez está impedido de evaluar la posible reapertura de la investigación contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, debido a posibles conflictos de interés y su participación pública en el tema.
La controversia generada en torno al proceso que involucra al periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ha puesto en el centro del debate la posible inhibición o recusación del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, quien figura como potencial evaluador de la decisión de reabrir la investigación.
Según un análisis jurídico publicado este martes, cuatro normas obligan a que Sánchez se inhiba de conocer y decidir sobre este caso, debido a la existencia de vínculos y actos previos que podrían afectar la imparcialidad exigida por el ordenamiento legal peruano.
Entre las normas que se mencionan están la Constitución, el Código Procesal Penal, la Ley de la Carrera Fiscal y el Código de Ética del Ministerio Público. Estas disposiciones establecen principios y deberes que obligan a los fiscales a abstenerse de intervenir en procesos en los que puedan existir conflictos de interés, relaciones personales o conductas que comprometan la objetividad de sus decisiones.
Los cuestionamientos surgieron tras hechos conocidos públicamente, como la interrupción de una diligencia fiscal por parte de Gorriti al comunicarse directamente con Sánchez durante una investigación anterior, lo cual fue tomado por algunos expertos como una intromisión impropia en funciones fiscales.
Especialistas legales han señalado que, ante estas circunstancias, el propio marco normativo obliga a que Sánchez se inhiba de evaluar la decisión de reabrir o no la investigación, a fin de preservar la transparencia, independencia e imparcialidad del proceso. La falta de dicha inhibición podría ser objeto de impugnaciones y generaría un debate adicional sobre la legalidad de las decisiones que se adopten en este caso.
El caso continúa en un contexto judicial complejo, luego de que la Fiscalía Suprema revisara la decisión de archivo de la investigación contra Gorriti, Vela y Pérez y elevara el expediente a una instancia superior, con miras a determinar si corresponde continuar con el proceso o confirmar el cierre de las indagaciones.
