Auditoría detecta 101 casos de sueldos y pensiones depositados tras el deceso de beneficiarios, con miles aún sin recuperar.
La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades significativas en la administración de recursos del Seguro Social de Salud (EsSalud), al revelar que entre enero de 2020 y diciembre de 2023 se realizaron pagos indebidos de sueldos y pensiones a personas que ya habían fallecido, generando un perjuicio económico que supera los S/963 383,55.
Según el informe de auditoría, 101 personas fallecidas continuaron recibiendo depósitos periódicos durante varios meses posteriores a su deceso, con algunos casos extendiéndose hasta 44 meses después de su muerte. De ese monto total, EsSalud solo ha logrado recuperar S/79 756,03, por lo que aún queda pendiente la recuperación de aproximadamente S/882 365,02.
Las irregularidades se detectaron en tres dependencias de la entidad: la sede central, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y una oficina en la región Lambayeque. El informe señala que los pagos continuaron porque no se verificó oportunamente el estado de vida de los beneficiarios en los sistemas administrativos, ni se implementaron mecanismos internos eficaces para detener las transferencias tras el fallecimiento.
La Contraloría atribuye esta situación a la falta de actualización de datos en los registros de EsSalud, así como deficiencias en los controles internos y en la coordinación con otras entidades, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El informe también detalla que la Subgerencia de Compensaciones de EsSalud no adoptó las acciones administrativas necesarias para recuperar los pagos ni alertar a las áreas competentes sobre estos hechos, retrasando la respuesta institucional a la detección de estos casos.
Tras la publicación del reporte, EsSalud informó que acogerá las recomendaciones del Informe de Auditoría N.° 033-2025-2-0251-AC y afirmó que la actual administración mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción, con el propósito de fortalecer sus procesos de control y asegurar un manejo transparente de los recursos destinados a la población asegurada.
