El primer ministro afirmó que el Estado no tiene obligación de controlar la minería ilegal tras la muerte de tres personas en Pataz, mientras gobernadores exigen su salida por evadir responsabilidades.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, deslindó de responsabilidad al actual Gobierno por el enfrentamiento ocurrido el 31 de diciembre en Pataz, región La Libertad, que dejó tres personas fallecidas en medio de disputas entre grupos vinculados a la minería ilegal.
Según explicó en entrevista con RPP, lo sucedido fue un intento de robo de oro entre bandas armadas que operan dentro de un socavón. “Un grupo armado ha querido robarle oro a otro grupo de mineros ilegales. Se han defendido porque hay bandas armadas entre ellos. No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería, la minería artesanal y mucho menos la minería ilegal”, sostuvo.
El Ejecutivo traslada la responsabilidad a los gobiernos regionales
Álvarez apuntó directamente contra los gobiernos regionales, a los que acusó de no ejercer de manera eficiente las competencias y el presupuesto asignado para enfrentar la minería ilegal. Afirmó que el actual Gobierno tiene apenas dos meses de gestión y que no puede ser responsabilizado por un problema estructural de larga data.
“El Ejército ya tomó el control de la situación y se ha identificado a los responsables. Es fácil emitir comunicados como si este Gobierno fuese el culpable de todo”, declaró, en referencia a los pronunciamientos de las regiones tras los hechos de violencia.
Gobernadores exigen la salida del primer ministro
Las declaraciones del premier generaron una reacción inmediata de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que días antes había emitido un comunicado firmado por los 25 gobernadores exigiendo una estrategia eficaz contra la minería ilegal.
Tras los dichos de Álvarez, el presidente de la ANGR y gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, fue más allá y pidió evaluar la permanencia del primer ministro en el cargo. “Debe haber costos políticos. Los responsables directos son el ministro del Interior y el premier. Para mí, el que debe asumir es el premier”, afirmó.
Regiones niegan tener recursos y capacidad real de control
Noriega rechazó que los gobiernos regionales se beneficien de la minería y recordó que los recursos generados por esta actividad van directamente al Tesoro Público. “No llega ni un sol de manera directa a los gobiernos regionales. Hablar de usufructuar demuestra desconocimiento de cómo funciona el Estado”, señaló.
Asimismo, precisó que las regiones no cuentan con autonomía real ni capacidad sancionadora efectiva. Entidades como OEFA y la Autoridad Nacional del Agua dependen del Gobierno central, mientras que las competencias regionales son limitadas y sin presupuesto suficiente.
Pataz bajo emergencia sin resultados concretos
El presidente de la ANGR también cuestionó la estrategia del Ejecutivo basada en estados de emergencia, recordando que Pataz lleva cerca de dos años bajo este régimen sin resultados visibles. En ese sentido, exigió control territorial permanente y no medidas temporales.
“Control territorial significa presencia constante de las Fuerzas Armadas y la Policía, erradicación real de actividades ilegales y protección de la población. No hay excusas políticas ni gobiernos de transición que justifiquen la inacción”, enfatizó.
