La Sala Penal Especial de la Corte Suprema aceptó los recursos de apelación presentados por los condenados por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, abriendo la posibilidad de que sus sentencias sean revisadas y eventualmente anuladas por la Sala Penal Permanente.
El Poder Judicial del Perú admitió a trámite los recursos de apelación interpuestos por el expresidente Pedro Castillo, la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez y otros exfuncionarios condenados por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió, mediante una decisión del 29 de diciembre de 2025, que las apelaciones cumplen con los requisitos formales y sustanciales para su tramitación, por lo que serán remitidas a la Sala Penal Permanente del máximo tribunal para su evaluación.
Recurso de Pedro Castillo
La defensa del expresidente Castillo —condenado inicialmente a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el presunto delito de conspiración para rebelión— sostiene que la sentencia de primera instancia debe ser revocada y busca la absolución de todos los cargos. Su estrategia legal alega, entre otros puntos, la falta de elementos esenciales del tipo penal imputado, la inexistencia de conspiración efectiva y la ausencia de prueba del pacto delictivo, así como supuestas violaciones al debido proceso.
Como alternativa, la defensa plantea la nulidad del juicio oral, argumentando que existieron vicios insubsanables en la motivación de la sentencia, contradicciones en la exposición de hechos y una vulneración al principio de congruencia —es decir, que los hechos probados no coinciden con los fundamentos de la condena—.
Otros apelantes y planteamientos
De forma similar, la ex primera ministra Betssy Chávez presentó su apelación el 17 de diciembre de 2025, solicitando la revocación de su condena a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel como presunta coautora de conspiración para rebelión. Su defensa argumenta vulneraciones a principios como la motivación judicial, la presunción de inocencia, la lesividad y la legalidad penal.
También fueron admitidos los recursos de apelación del exministro del Interior Willy Huerta y del exasesor Aníbal Torres, quienes buscan que se revoquen sus respectivas sentencias —de 11 años, 5 meses y 15 días y de 6 años y 8 meses de prisión— o que se anulen los fallos por las mismas razones procesales y de prueba invocadas para Castillo y Chávez.
Acción de la Fiscalía Suprema
La Fiscalía Suprema Titular, Zoraida Ávalos, también presentó un recurso de apelación, aunque con un enfoque distinto: busca que se anule la sentencia absolutoria respecto al jefe policial Manuel Lozada y, en su lugar, se le imponga una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por su presunta participación como coautor en los hechos investigados.
Próximos pasos procesales
Con la admisión de estos recursos, los expedientes serán transferidos a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que será la encargada de evaluar si los recursos están “bien concedidos” y si procede programar una audiencia virtual para analizar los argumentos de las partes y dictar una resolución definitiva respecto a la validez de las condenas o su posible revocación.
Contexto del caso
Las condenas de Castillo, Chávez y otros exfuncionarios se originan por su participación —según la sentencia de primera instancia— en el intento de disolver el Congreso y perpetuar al Ejecutivo, acciones que fueron calificadas como conspiración para rebelión en diciembre de 2022. RPP Noticias
El proceso ha generado amplio debate político y jurídico, por la gravedad de los hechos y las garantías del debido proceso en uno de los casos más complejos de la reciente historia judicial del país.
