La Comisión Permanente dio luz verde a la sanción contra la exfiscal suprema por presunta infracción constitucional; ahora su caso pasa al Pleno para ratificación final.
En sesión del 25 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza. La decisión contó con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
La denuncia constitucional —planteada en la denuncia 528— acusa a Espinoza de emitir una resolución en 2024 que, según los denunciantes, contravendría la Ley 32130, norma que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir la investigación preliminar del delito.
El informe también incluye acusaciones por presuntos delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato. Además, se aprobó el levantamiento de su fuero para permitir que la Fiscalía de la Nación presente la denuncia penal ante la Corte Suprema.
Según los denunciantes, la medida responde a lo que describen como “desacato constitucional”: la aprobación de un reglamento interno del Ministerio Público durante su gestión como fiscal suprema, en un contexto de fuerte debate sobre las competencias de investigación.
El caso ahora debe ser ratificado por el Pleno del Congreso. Si la mayoría absoluta decide aprobarlo, Espinoza quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por al menos una década.
