La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó que los allanamientos y la incautación de bienes estaban legalmente sustentados, al existir indicios suficientes que vinculan al hermano de la presidenta con una presunta organización criminal.
El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación que la defensa de Nicanor Boluarte presentó para anular los allanamientos realizados en su vivienda en San Borja, dentro de la investigación por el caso Ícaro.
La decisión de la Sala declaró válidas las medidas de registro, descerraje, incautación de bienes, así como el levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil y de comunicaciones. Según el fallo, estas diligencias se ajustaron al marco legal y respondieron a la necesidad investigativa, pues existían “indicios suficientes” que justificaban la intervención.
La investigación del Ministerio Público —que vincula a Boluarte como tercero vinculado en la hipótesis de organización criminal— señala que los allanamientos están relacionados con diligencias sobre supuestos contratos laborales simulados, favores indebidos y lavado de activos asociado a minería ilegal.
La defensa había argumentado que no había elementos concretos que demostraran la existencia de bienes ilícitos ocultos ni vínculos directos, y sostuvo que la decisión de allanar su domicilio carecía de fundamentos sólidos.
Sin embargo, la Sala consideró que en etapa de investigación preliminar el umbral de prueba es menor, basta con indicios razonables, testimonios protegidos y elementos de visualización para justificar medidas cautelares como el registro domiciliario.
Con esta resolución, la fiscalía podrá continuar con su investigación y con las medidas pertinentes, mientras que la defensa de Boluarte deberá aceptarlas como parte del proceso en curso.
