La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con mayoría un informe final que recomienda suspender por una década a la fiscal suprema suspendida, acusándola de graves infracciones constitucionales vinculadas a sus decisiones funcionales.
En una votación histórica, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó —con 10 votos a favor y 1 abstención— un informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para Delia Espinoza, integrada como respuesta a las denuncias constitucionales 563 y 618 interpuestas por legisladores.
La acusación se basa en la presunta vulneración de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución, tras la emisión de una resolución en 2024 que, según los denunciantes, contradice la normativa vigente —especialmente la Ley 32130, que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) competencias exclusivas en investigaciones preliminares.
Aunque en algunas secciones del informe se archivaron las imputaciones penales (como abuso de autoridad o prevaricato) por falta de pruebas suficientes, los responsables del análisis determinaron que el acto administrativo de Espinoza constituiría una infracción constitucional por usurpación de funciones.
La recomendación de inhabilitación será evaluada ahora por la Comisión Permanente del Congreso y, posteriormente, deberá ser aprobada por el pleno para que la sanción se concrete.
