Operadores alertan que el fraude con líneas móviles sigue creciendo y reclaman medidas urgentes para garantizar seguridad y trazabilidad.
Un problema que desborda al Estado
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, en representación de los operadores móviles, advirtió que la inseguridad ciudadana vinculada al fraude en la contratación de servicios públicos móviles se ha convertido en una amenaza directa para millones de peruanos. Señalan que las mafias aprovechan la falta de trazabilidad y control para activar líneas que terminan usadas en delitos que van desde estafas hasta crimen organizado.
Medidas urgentes que ya se están aplicando
Los operadores móviles, conscientes del deterioro del ecosistema digital, plantean acciones concretas dirigidas a reforzar la fiscalización y la responsabilidad compartida entre todos los actores. Entre las medidas anunciadas figuran la revalidación presencial de clientes prepago que tengan más de diez líneas a su nombre con apoyo del Reniec, la baja de líneas prepago inactivas que no registren tráfico o recargas durante tres meses y la propuesta al Osiptel para desactivar chips sin uso con el fin de frenar la reventa ilegal.
Control real en puntos de venta y verificación biométrica
Otro punto clave es la geolocalización del vendedor, con bloqueo automático de cualquier venta que se intente fuera del establecimiento autorizado. Además, se plantea implementar una solución técnica interoperable con Migraciones mediante API, que permita validar huellas y reconocimiento facial de usuarios extranjeros para evitar suplantaciones.
El llamado a un trabajo conjunto que no puede esperar
AFIN sostiene que estas medidas serán insuficientes si el Estado no asume su rol con todos los organismos involucrados, entre ellos Reniec, INPE, Migraciones, la Autoridad de Datos Personales, Indecopi, el sector financiero, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El gremio pide la instalación urgente de una mesa multisectorial que incluya al sector privado para articular soluciones con rigor técnico y enfoque social.
Un compromiso que exige reciprocidad estatal
Los operadores aseguran estar dispuestos a colaborar en todo lo que les compete para proteger a los usuarios y fortalecer un entorno digital confiable, transparente y formal. Sin una respuesta coordinada del Estado, advierten que cualquier avance será insuficiente frente a un mercado donde el fraude y la informalidad siguen creciendo.
