El Gobierno implementa restricciones en penales, controles de movilidad y fiscalización de mercados ilegales para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Control penitenciario intensificado
El Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM amplió por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao, con el objetivo de “golpear los ejes logísticos del crimen organizado”. Entre las medidas más estrictas destacan restricciones de visitas en penales, apagón eléctrico en celdas, desmontaje de antenas ilegales, monitoreo con drones, traslado inmediato de internos de riesgo y refuerzo de bloqueadores de señal de telefonía celular.
Restricciones al tránsito y control territorial
La Policía Nacional reforzará operativos simultáneos en 43 distritos de Lima y seis del Callao. Se mantiene la prohibición de dos personas adultas en motocicletas lineales para reducir asaltos. Además, Migraciones aplicará expulsión inmediata a extranjeros que cometan delitos o estén en situación irregular.
Fortalecimiento de la inteligencia y coordinación institucional
Se establecerá sesión continua del Conasec, el Comando de Coordinación Operativa Unificada liderado por la PNP, y un Comité de Inteligencia presidido por la DINI para centralizar información sensible. Los gobiernos locales deberán enlazar cámaras de vigilancia con la Central C4 para monitoreo urbano en tiempo real.
Fiscalización de mercados ilegales
Se priorizará la lucha contra redes de trata, tráfico de drogas, venta ilegal de armas y comercio de celulares y autopartes de dudosa procedencia. Osiptel suspenderá líneas vinculadas a delitos graves, mientras cadetes y alumnos de la PNP apoyarán en tareas administrativas para liberar efectivos a operativos de campo.
El Ejecutivo asegura que las medidas respetarán derechos fundamentales, aunque especialistas exigen mayor transparencia y evaluación constante de su impacto.
