La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que propone sancionar con diez años de inhabilitación política al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El caso pasará ahora a la Comisión Permanente para su evaluación final.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó este viernes el informe final que propone la inhabilitación política por 10 años del expresidente Pedro Castillo Terrones y de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, al considerar que ambos tuvieron responsabilidad en los hechos del 7 de diciembre de 2022, día en que se intentó disolver el Parlamento y reorganizar el sistema judicial y constitucional del país.
El informe —que fue aprobado por mayoría— será remitido a la Comisión Permanente, que deberá revisarlo antes de su eventual debate y votación en el Pleno del Congreso. En caso de ser ratificado, tanto Castillo como Chávez quedarían impedidos de ejercer cualquier función pública durante una década.
Según el documento, Betssy Chávez no se opuso al contenido del mensaje presidencial difundido por Pedro Castillo en cadena nacional, ni adoptó medidas para evitar su ejecución, pese a su cargo como presidenta del Consejo de Ministros. Por el contrario, el texto sostiene que coordinó la difusión del mensaje y respaldó la ejecución de disposiciones consideradas inconstitucionales.
En tanto, el expresidente Pedro Castillo es señalado como autor principal de la ruptura del orden constitucional, al haber instruido a sus ministros y funcionarios para ejecutar acciones que violaban los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución, referentes al respeto del Estado de derecho y la separación de poderes.
Durante la sesión, las intervenciones parlamentarias reflejaron una marcada polarización política.
- La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) defendió la medida, asegurando que la vacancia de Pedro Castillo se sustentó en un “delito flagrante”.
- Por otro lado, Pasión Dávila (Bloque Magisterial) cuestionó la propuesta, argumentando que “no se ha probado ningún delito” y calificó la sanción de “arbitraria”.
- En tanto, Jaime Quito (Perú Libre) calificó el proceso como una “persecución política” y advirtió que la decisión “marcará negativamente la historia del Congreso”.
La Subcomisión también dispuso archivar la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez Palomino, exministro de Comercio Exterior y Turismo, tras concluir que no tuvo participación en los sucesos del 7 de diciembre.
El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el Pleno debatirá el caso de Betssy Chávez el próximo miércoles 19 de noviembre, a las 3:00 p.m., tras la semana de representación parlamentaria.
La inhabilitación política constituye la sanción máxima prevista en la Constitución para infracciones de esta naturaleza. No implica una condena penal, pero sí la pérdida del derecho a ejercer cargos públicos durante el periodo establecido. En paralelo, ambos implicados enfrentan procesos judiciales: Pedro Castillo por rebelión y conspiración, y Betssy Chávez por presunta complicidad en el intento de golpe de Estado.
Con esta decisión, el Parlamento peruano avanza en uno de los procesos más emblemáticos desde la crisis política de 2022, reafirmando su posición sobre la defensa del orden democrático y el respeto a la institucionalidad.
