La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avaló por amplia mayoría el informe que propone sancionar a los exfuncionarios por su rol en el intento de quiebre del orden democrático.
Con 10 votos a favor y 3 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional y la inhabilitación por 10 años contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
El documento, elaborado tras varios meses de evaluación, concluye que los tres exfuncionarios vulneraron la Constitución y atentaron contra el orden democrático al intentar cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. La decisión del grupo de trabajo parlamentario representa un paso más hacia el eventual juicio político de los implicados.
Durante la sesión, los integrantes de la SAC subrayaron que la gravedad de los hechos del 7 de diciembre de 2022 exige sanciones ejemplares. Según el informe, la exjefa del Gabinete habría tenido participación directa en la preparación del mensaje golpista, mientras que Huerta habría omitido acciones para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden interno.
Con la aprobación de este dictamen, el caso pasará ahora a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la inhabilitación definitiva de los acusados para ejercer cargos públicos.
El proceso contra Castillo y sus exministros vuelve a poner en debate el rol de la clase política y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control democrático. Para el Parlamento, se trata de marcar un precedente frente a cualquier intento de ruptura constitucional en el país.
