La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con mayoría un documento que señala al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra Pilar Mazzetti por usar su cargo para obtener dosis de vacunas Sinopharm a su favor, tipificándose el hecho como delito de concusión.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que acusa al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por la presunta comisión del delito de concusión, en el marco del caso conocido como “Vacunagate”.
El documento, elaborado por el congresista Jorge Montoya, obtuvo 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, y será elevado a la Comisión Permanente para su evaluación y eventual debate en el Pleno del Congreso.
Según el informe, ambos exfuncionarios habrían utilizado su posición de poder para obtener de manera irregular dosis de la vacuna Sinopharm, antes de que iniciara la campaña oficial de inmunización en el país. Esta conducta —según el artículo 382 del Código Penal— configuraría el delito de concusión, al haberse aprovechado del cargo público para recibir un beneficio indebido.
La Subcomisión sostiene que existen indicios suficientes de responsabilidad política y penal, por lo que recomienda formar una Subcomisión Acusadora que sustente el caso ante el Pleno del Parlamento.
De aprobarse la acusación constitucional, el exmandatario y la exministra podrían enfrentar sanciones políticas y judiciales, además de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo determinado.
Este pronunciamiento se enmarca dentro de las denuncias acumuladas en los expedientes DC 086, DC 195 y DC 365, presentadas por diversos legisladores a raíz del escándalo de vacunación irregular revelado en 2021.
