Fiscalía exige hasta 34 años de prisión para Pedro Castillo y 25 para Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

El Ministerio Público presentó sus alegatos finales en el juicio por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. La ex primera ministra Betssy Chávez, quien no acude a las audiencias, podría ser declarada reo contumaz y afronta una orden de captura si continúa ausente.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios sustentó este martes sus alegatos finales en el juicio oral seguido contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, su ex primera ministra Betssy Chávez Chino, y otros exfuncionarios implicados en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El fiscal Marco Huamán solicitó 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez, acusándolos de rebelión y abuso de autoridad, delitos que habrían vulnerado el orden constitucional y la estabilidad democrática del país.

“La evidencia demuestra una planificación concertada para quebrar el orden constitucional y tomar control de las instituciones del Estado”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.

Betssy Chávez ausente y con orden pendiente

La defensa de Chávez, encabezada por el abogado Raúl Noblecilla, admitió no tener comunicación con su patrocinada desde hace varios días. La ex primera ministra no se presentó a las tres últimas audiencias, pese a los llamados de la Sala Penal Especial.

El tribunal advirtió que, de persistir su inasistencia, será declarada reo contumaz y se ordenará su ubicación y captura. Fuentes judiciales indicaron que su paradero es incierto, luego de que se confirmara que solicitó asilo político en la Embajada de México en Lima.

Un juicio histórico

El proceso judicial, que ya suma más de ocho meses de audiencias, se encuentra en su etapa final. Se prevé que la Sala Penal Especial emita su sentencia antes de fin de año, tras la presentación de los alegatos de la defensa y las réplicas correspondientes.

El Ministerio Público ha calificado este caso como uno de los juicios más relevantes de las últimas décadas, al sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de altos funcionarios en intentos de ruptura democrática.

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