Pese a la oposición de la Municipalidad de Lima y los reclamos de los transportistas, la concesionaria Rutas de Lima reanudó el cobro de peajes en la Panamericana Sur. Expertos en derecho señalan que la empresa podría enfrentar sanciones si no cuenta con respaldo judicial vigente.
La concesionaria Rutas de Lima reanudó el cobro de peajes en la Panamericana Sur, medida que ha generado una nueva ola de críticas por parte de transportistas, usuarios y autoridades municipales, quienes cuestionan la legalidad de la decisión.
De acuerdo con la empresa, el restablecimiento del cobro responde a una orden judicial que le reconoce el derecho a continuar con la operación de los peajes mientras se resuelve la controversia contractual con la Municipalidad de Lima.
Sin embargo, la comuna capitalina ha advertido que no existe una autorización válida que sustente la reactivación del cobro, por lo que evalúa tomar acciones legales para proteger los derechos de los usuarios.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó la medida como “un abuso” y reiteró que la ciudad no permitirá el cobro hasta que se esclarezca la situación jurídica de la concesión, que se encuentra bajo arbitraje internacional.
Por su parte, el abogado Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, explicó que si bien Rutas de Lima puede apelar a fallos judiciales previos, el cobro de peajes sin autorización expresa de la autoridad concedente podría considerarse irregular.
“Si no existe una orden judicial firme que restablezca la concesión, el cobro podría interpretarse como un acto unilateral sin sustento legal”, advirtió el jurista.
El reinicio del cobro provocó malestar entre conductores y transportistas, especialmente en los distritos de Villa El Salvador y Lurín, donde se registraron congestiones y protestas durante la mañana del domingo.
La Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) informó que realizará inspecciones en la zona para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y concesión.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad de la medida continúa, reavivando una disputa que lleva varios años entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria, por la validez del contrato de concesión firmado durante la gestión de Susana Villarán.
