El primer ministro Ernesto Álvarez anunció que el Ejecutivo analiza acudir al Tribunal Constitucional para frenar normas aprobadas por el Congreso que generarían un impacto negativo en las finanzas públicas y pondrían en riesgo el equilibrio fiscal del país.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo evalúa presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversas leyes aprobadas por el Congreso que, según advirtió, afectarían el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país.
Durante una entrevista televisiva, Álvarez explicó que el Gobierno viene realizando un análisis técnico de las recientes normas aprobadas, varias de las cuales implican incrementos significativos en el gasto público sin fuentes claras de financiamiento. En ese sentido, señaló que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y defender la sostenibilidad de las finanzas nacionales.
“Estamos evaluando acudir al Tribunal Constitucional para frenar normas que ponen en riesgo el equilibrio presupuestal. No se puede aprobar leyes con impacto fiscal sin considerar sus consecuencias en el mediano plazo”, declaró el primer ministro.
El jefe del Gabinete Ministerial precisó que esta evaluación forma parte del compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, principios que considera esenciales para mantener la confianza en la economía peruana.
Asimismo, Álvarez destacó la reciente advertencia del Consejo Fiscal, que alertó sobre el peligro de aprobar iniciativas legislativas con alto costo presupuestario, especialmente en un contexto de recuperación económica y reducción del déficit fiscal.
El primer ministro también reiteró su respaldo a la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), resaltando su papel clave en la preservación de la estabilidad monetaria y la confianza de los inversionistas.
“El país necesita mantener una política económica predecible y responsable. Por eso respaldamos la continuidad del doctor Velarde y defendemos la institucionalidad del BCRP”, subrayó.
Con esta medida, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la responsabilidad fiscal y la gobernabilidad económica, asegurando que toda acción legal se realizará dentro del marco constitucional para garantizar la estabilidad financiera del Estado.
