Un estudio de la Universidad del Pacífico advierte que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y urge un acuerdo político real para recuperar el control del Estado.
El Perú atraviesa una de las etapas más graves de inseguridad de su historia reciente. Entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco, la ciberdelincuencia se disparó más de 200 % y la percepción de inseguridad alcanza al 88 % de los ciudadanos. Frente a este panorama, un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) propone una reforma integral de la política criminal y la construcción de 20 nuevos penales como parte de una estrategia nacional contra la criminalidad.
Según los investigadores José Luis Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero Cisneros, el principal problema no es operativo, sino político. “La lucha contra la inseguridad no se gana con más leyes ni discursos populistas, sino con liderazgo, coordinación y visión de Estado”, advierten.
Un Estado fragmentado ante el crimen organizado
La investigación “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, elaborada en el marco de Agenda 2026, sostiene que el país sufre una desarticulación total entre los poderes del Estado. Esta fragmentación, sumada a la alta rotación de ministros y comandantes policiales, ha debilitado la respuesta institucional frente a las mafias y economías ilegales.
Las cifras son elocuentes: entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión pasaron de 4 mil a 22 mil, y los delitos informáticos crecieron 220 %, especialmente en Lima, La Libertad y Arequipa. El crimen se diversifica, el Estado se paraliza.
Tres ejes de acción para una política criminal efectiva
1. Seguridad y sistema de justicia penal
Los especialistas critican el llamado “populismo punitivo”, que multiplica leyes sin impacto real. Proponen revisar las normas que debilitan el combate a la criminalidad y modernizar la Policía Nacional, cuyo presupuesto supera los 13 mil millones de soles. Además, cuestionan la inestabilidad de su cúpula: “En cuatro años hemos tenido 15 ministros del Interior y cinco comandantes generales; así no se puede construir institucionalidad”, advierte Nuñovero.
2. Gobernanza e inteligencia penitenciaria
El país necesita 20 nuevos penales, con capacidad para 2 mil internos cada uno, y la contratación de mil agentes penitenciarios adicionales por año. El hacinamiento ya supera los 60 mil internos. Desde 2016 no se construye una sola cárcel. Pérez Guadalupe propone, además, fortalecer la seguridad tecnológica en los establecimientos, con sistemas de bloqueo de comunicaciones y videovigilancia.
3. Lucha contra el crimen organizado y las economías ilícitas
Los investigadores plantean la creación de unidades élite de inteligencia, operaciones especiales y recuperación de activos, que trabajen de forma coordinada entre la Policía, el Ministerio Público, la UIF y las Fuerzas Armadas, con presencia prioritaria en zonas de frontera.
Un pacto nacional que aún no existe
El estudio concluye que sin un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana, liderado desde el Ejecutivo y articulado con el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil, cualquier estrategia será insuficiente. “El Estado ha perdido su capacidad de control. Sin coordinación ni liderazgo político, seguiremos perdiendo territorio frente al crimen”, advierten los autores.
