La nueva ley busca golpear las finanzas del crimen organizado en el sector transporte y proteger a las víctimas con créditos, seguros y apoyo psicológico.
El Congreso de la República aprobó con 83 votos a favor, 3 en contra y una abstención el proyecto de ley que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en el transporte público y de mercancías. La iniciativa, respaldada por las comisiones de Transportes y Defensa Nacional, busca enfrentar la violencia creciente que afecta a empresarios, conductores y cobradores.
La norma ordena operativos conjuntos, controles financieros y registro obligatorio de asociaciones de transporte. También refuerza la protección a víctimas e impone sanciones más severas contra integrantes y financistas de redes criminales.
Entre las disposiciones más relevantes, la SBS deberá supervisar las operaciones financieras sospechosas vinculadas a extorsión, identificando pagos en efectivo o transferencias relacionadas con “vacunas” o “cupos”. Además, el Ministerio de Transportes deberá acreditar rutas y terminales con sistemas de seguridad integrados al C5i, mientras que la Policía Nacional elaborará mapas georreferenciados de zonas de riesgo y fomentará alertas tempranas.
Las medidas incluyen créditos blandos y exoneraciones temporales para transportistas afectados, financiados con bienes incautados al crimen organizado. El Estado otorgará compensaciones, seguros por muerte o pérdida de unidades, y programas de apoyo psicológico y reinserción laboral.
También se crea el Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica, encargado de monitorear el fenómeno criminal en el sector, y el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que centralizará la información operativa y financiera para responder de forma rápida y coordinada.
La norma introduce además un cambio clave: la extinción de dominio de bienes y cuentas usadas por extorsionadores, que se aplicará sin necesidad de esperar una sentencia penal.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, destacó el respaldo de los gremios de transporte de Lima y Callao. “Ellos propusieron un grupo especial conjunto entre la Policía y la Fiscalía, y ese proyecto ya fue aprobado”, afirmó.
